El que fuera responsable de Urbanismo tras explotar el caso Astapa, Diego de Lucas, ha negado este lunes ante el Tribunal que juzga dicho procedimiento, contra la corrupción política-urbanística en Estepona (Málaga), que favoreciera al excomisario José Manuel Villarejo.
La comparecencia de De Lucas, que accedió al cargo una vez que David Valadez llegó a la Alcaldía, era una declaración muy esperada por las defensas, que siempre han mantenido que la operación Astapa fue fruto de una estrategia del excomisario para velar por sus intereses urbanísticos en el municipio.
Diego de Lucas, que ha declarado en calidad de testigo, ha reconocido que fue recomendado por Villarejo al responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera, y éste, a su vez, al alcalde, David Valadez, pero que "nunca" lo favoreció.
El juicio se ha reanudado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga con el bloque relativo a los pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona.
La declaración del que fuera responsable de Urbanismo se fijó en un principio el pasado 10 de abril por videoconferencia pero no fue posible la conexión y el Tribunal determinó que compareciera este lunes presencialmente.
Durante su declaración ha explicado que él y Villarejo se conocieron cuando eran pequeños, pero que luego perdieron el contacto, aunque las familias lo mantuvieron y que cuando le recomendó recuperaron el contacto.
Ha reconocido que pasó información de urbanismo de Estepona al excomisario pero siempre en su calidad de policía y ha insistido en que desconocía sus intereses urbanísticos.
Ha relatado que "era un hombre que me tenía confundido porque unos días me hablaba con un tono y otros con otro. Yo le daba largas y le daba largas porque no entendía las conversaciones y en muchas ocasiones no sabía ni de qué me hablaba porque mezclaba muchas cosas. Yo no sabía de sus intereses, no le hecho ningún favor", ha insistido.
En este bloque, el segundo que se está enjuiciando, hay catorce procesados, entre ellos el exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, el jefe de gabinete, José Flores, el arquitecto municipal, Arturo Manuel Cebrián, y siete empresarios, entre otros.
Otro de los acusados en este bloque es el que fue concejal de Hacienda, Manuel Reina, que militaba en el Partido de Estepona (PES) y el pasado enero admitió en una carta algunos de los hechos por los que está procesado y presentó a través de su abogado un escrito de conformidad acordado con la Fiscalía, que supone aceptar una pena de dos años y medio de prisión.
El juicio está dividido en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, formula que ayudó a agilizar este macroproceso en el que, debido al numero elevado de acusados y partes personadas en el procedimiento, se complica el desarrollo de la vista oral.
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