El acuerdo, tal y como lo recogió el fiscal en su informe de conclusiones definitivas durante el juicio que se sigue por supuestas irregularidades en la tramitación del centro comercial Nevada en Armilla (Granada), tendría que alcanzarse antes de que la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Granada fuera firme y "con respeto a las resoluciones de los litigios".
Con respecto a su escrito inicial de acusaciones, la Fiscalía mantiene en el apartado de responsabilidad civil la demolición total del Nevada con el añadido de que la ejecución del derribo esté controlada en todo momento por la Junta de Andalucía, y pide la nulidad del plan parcial B así como la licencia de obras de 30 de septiembre de 2005 a la que dio cobertura dicho plan.
Como opción alternativa, sigue estando abierta a la posibilidad de una demolición parcial siendo subsanadas las ilegalidades que sean corroboradas como tales en materia, por ejemplo, de riadas, crecidas y medidas correctoras en la construcción, si bien el fiscal especifica que deberán reubicarse las zonas verdes, rotacionales y sobre todo el vial municipal tal y como está contemplado en el Plan de Ordenación Territorial de Aglomeraciones Urbanas de Granada.
El fiscal introduce a su vez la corrección de una omisión en la penalidad de los delitos que conlleva la suma de un año y cuatro meses más de prisión o alternativamente multas de 2.880 euros a las peticiones de pena para José Antonio Morales Cara, ex alcalde socialista de Armilla, y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate por delitos contra la ordenación del territorio.
El fiscal mantiene para ambos su petición de dos años de prisión, veinte meses de inhabilitación y multa de 10.800 euros por esos delitos y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Para el promotor, Tomás Olivo, no ha modificado la pena inicial: dos años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación por delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia a la autoridad.
También mantiene la petición de inhabilitación por ocho años para los cuatro concejales miembros de la junta municipal que concedió la licencia de obras del centro con el añadido de que, en virtud de la corrección de la calificación de las penas en el delito contra la ordenación del territorio para órganos colegiados, se suman ocho meses de prisión o multa alternativa de 2.880 euros para los cuatro.
Esa corrección también influye en el mismo sentido en las peticiones de pena de los dos arquitectos y los dos letrados acusados.
Para todos ellos, y con la excepción de la letrada de Diputación que elaboró un informe asesor, el fiscal pide que, de no poder ser considerados funcionarios públicos, se les trate como "colaboradores necesarios" con petición de penas de tres meses de prisión o multa alternativa de 1.080 euros cada uno.
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