En rueda de prensa, Pérez dijo que la apertura de una tercera vía de investigación, en la que la juez ha pedido información sobre veinte puntos de la gestión de Mercasevilla desde 2002, supone "la mayor investigación de la provincia de Sevilla en torno a un organismo público" y "el mayor escándalo de corrupción en la democracia".
A su juicio, la parte de la investigación que pretende aclarar ahora los contratos de asesoramiento con la empresa Maginae Solutions, propiedad de un cuñado del dirigente de UGT Juan Lanzas, vincula en el caso Mercasevilla al entorno jiennense del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.
Además, puede acabar teniendo un "entronque nacional porque la empresa nacional Mercasa, dependiente de dos ministerios, es propietaria del 48% de Mercasevilla", según el concejal del PP, que tampoco descartó que acaben salpicadas la Junta de Andalucía y otras empresas públicas sevillanas de las que los imputados en el caso Mercasevilla han sido asesores.
"Con tres causas judiciales abiertas, con multitud de imputados y la gravedad de los hechos, no entendemos como todavía no ha presentado su dimisión ningún responsable político de Mercasevilla", dijo Pérez, que se refirió especialmente al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y al primer teniente de Alcalde y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos.
"Si conducen a una empresa a la ruina, deben dimitir los responsables de ello por acción, omisión o por los beneficios políticos obtenidos" porque "a la sociedad se debe transmitir el mensaje de que, si pasan estas cosas, tienen consecuencias políticas además de las penales", afirmó.
El concejal reprochó a los actuales responsables del mercado central sevillano que aún no le hayan dado la información solicitada desde el 26 de abril pasado sobre el envío de una plataforma elevadora regalada a Cuba, pese a que tales actos benéficos no constan en ninguno de los fines sociales de Mercasevilla o su Fundación.
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