La sección de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias de investigación por el caso Garancruz en relación a la vigilancia de edificios municipales y que desde el PSOE cree que pueden constituir un “delito continuado de prevaricación administrativa por parte del alcalde, José Ignacio Landaluce”.
Así lo anunció ayer la candidata del PSOE a la Alcaldía, Rocío Arrabal, quien explicó que, una vez iniciadas las diligencias, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento que aporte una serie de documentación en un plazo máximo de dos meses. Arrabal recordó que denunciaron este caso tras conocer que el Ayuntamiento había contratado para labores de vigilancia en dependencias municipales a una misma empresa (Garancruz), que no aparecía habilitada para prestar ese tipo de servicios, y, además, con contratos menores prolongados en el tiempo, “y al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del sector público”.
Añade que había “un fraccionamiento de los contratos y que éstos se reiteraban, convirtiéndose en un servicio permanente sin nueva contratación y evitando el procedimiento público de concurrencia”, incidiendo en que “también se formalizaban encargos de servicios sin ni siquiera contrato menor, sin licitación, y en muchas ocasiones, tal como señalaba el interventor, sin trámite de fiscalización”.
El Ayuntamiento puso en conocimiento ayer de los medios de comunicación la existencia de un informe del Secretario Municipal en el que se comunica que, “con fecha de 20 de marzo de 2023”, tuvo entrada en el Ayuntamiento un escrito de la Fiscalía del TS de 13 de marzo relativo a diligencias de investigación 30/22 “en el que se requiere la remisión de la información sobre contratos de servicios de vigilancia en este ayuntamiento”. El informe confirma que se indica al Consistorio que dicha documentación debe remitirse en el plazo máximo de dos meses, “indexada y numerada”.
El secretario señala que dicha documentación se está recabando por diferentes servicios municipales y será remitida “a la mayor brevedad posible” y, en todo caso, “antes del 20 de mayo de 2023”. El informe del secretario añade que, por procedimientos anteriores, se puede significar que es práctica habitual de la Fiscalía requerir la remisión de información si se efectúa algún tipo de denuncia”.
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