Los inspectores de Pesca, encargados de controlar que las actividades pesqueras en mar y puerto se realizan de modo reglamentario y evitar, por ejemplo y la captura de especies prohibidas, han convocado una jornada de huelga general para este martes en todos los puertos pesqueros para protestar por la intención del Gobierno de imponer cambios en sus condiciones laborales, que implican disponibilidad de 24 horas diarias, según informa CSIF en un comunicado.
En concreto, la plantilla, que está compuesta por 167 inspectores, exigen un complemento salarial específico a cambio de tener disponibilidad absoluta, mientras que el Ejecutivo se ha limitado a ofrecer un complemento de productividad que no alcanza en total y en el mejor de los casos ni si quiera para igualar la productividad anual que percibía un inspector promedio hace 13 años.
CSIF ha calificado la propuesta de remuneración de "inaceptable", no sólo porque "resulta insuficiente" para reparar la pérdida de poder adquisitivo del colectivo en la última década sino, además, porque la necesidad de la Administración de que los inspectores adapten su actividad a la de un sector que opera las 24 horas del día y los siete días de la semana, es algo intrínseco a la inspección de pesca y no debe estar sujeto a incentivos por productividad, sino ser remunerado a través del complemento específico, al igual que ocurre en otros colectivos de funcionarios del Estado.
Este paro general, que ha sido convocado por CSIF, CCOO, ELA y CIG, se completará con dos concentraciones en Madrid delante de los Ministerios de Agricultura y de Política Territorial a las 11.30 horas y a las 13.00 horas, respectivamente, ya que los inspectores de Pesca dependen de ambos Departamentos, según ejerzan su labor en las costas o en Madrid desarrollando labores administrativas.
Por otro lado, el sindicato ha mostrado su rechazo a los servicios mínimos impuestos por la Administración: dos inspectores en las dependencias del Cantábrico Noroeste (Pontevedra, A Coruña, Asturias, Cantabria y Guipúzcoa) y un inspector en Las Palmas, así como en Tarragona, Murcia y Cádiz.
Según ha indicado, si bien es un total de 14 inspectores, en regiones como Asturias, Cantabria y País Vasco supone negarle el derecho constitucional a la huelga a entre un 50% y un 30% de la plantilla y ello cuando dichas comunidades no están afectadas por pesquerías con inspecciones obligatorias según la normativa pesquera y no supone la paralización de la actividad del sector el que no haya ese día presencia inspectora en puerto.
Además, la jornada de trabajo de los inspectores afectados por los servicios mínimos en estas regiones, corresponderá a la programación horaria que tengan asignada, lo que supondrá que en cualquier caso se desatiendan las funciones de control e inspección de la actividad pesquera durante parte de la jornada. "No se entiende por tanto la motivación de la Administración para designar unos servicios mínimos que, en definitiva, resultan abusivos", han denunciado.
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