El PSOE ha acordado una iniciativa en el Congreso con Unidas Podemos, Esquerra (ERC) y Bildu que abre la puerta a una futura regulación del cannabis no psicoactivo, aquel cuyo porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforizante, es inferior a 1%.
Unidas Podemos y los dos aliados independentistas del Gobierno presentaron una iniciativa este miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso reclamando la regulación de la producción y comercialización de este cultivo con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los productores y comercializadores.
Su pretensión es aprobar una norma estatal que regule todos los aspectos que afectan a las actividades del ciclo de producción del cannabis no psicoactivo, así como legislaciones autonómicas en materia de agricultura, desarrollando las directivas europeas para el cultivo de cáñamo industrial de una manera más precisa. Según la diputada Lucía Muñoz, de UP, prohibir este cannabis no estupefaciente es como ilegalizar la cerveza sin alcohol y está perjudicando la competitividad de la agricultura española.
Pero los proponentes accedieron a sustituir su texto original por una enmienda alternativa presentada por el PSOE que rebaja mucho ese objetivo, si bien deja abierta la puerta a una futura regulación.
El texto acordado, defendido por la socialista Ariagona González, aboga por "avanzar en el impulso de la regulación del cáñamo industrial con el objeto de dar seguridad jurídica a las actividades de producción, comercialización y consumo de productos derivados de éste, respetando las competencias autonómicas y el principio de subsidiariedad en materia de la protección de la seguridad ciudadana, sanidad y agricultura".
También se solicita a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios "que manifieste el posicionamiento existente y las posibles consecuencias de incumplimiento en relación con la resolución del TJUE de 19 de noviembre de 2020" relativa a las excepciones del mercado del cáñamo, que limitan la comercialización únicamente a fibras y semillas.
Y a partir de ahí, el texto acordado llama a "establecer en una futura regulación del cáñamo industrial la limitación del porcentaje de THC que asegure la ausencia de efectos estupefacientes, así como un mayor rendimiento de los cultivos y su sostenibilidad conforme al Pacto Verde Europeo; algo que, de no hacerse, obligaría a operar en este mercado con una desventaja clara respecto de otros países de nuestro entorno".
Asimismo, pide "clarificar la plena competencia sobre el cultivo de cáñamo de las autoridades competentes en materia de agricultura y, en concreto, para la tramitación de las declaraciones de cultivo de cáñamo con fines industriales y hortícolas".
Y añade que eso no sólo se referirá a sus usos tradicionales, "sino también a la producción y comercio de todas las partes de la planta de cáñamo, incluidas las sumidades floridas sin efectos estupefacientes, para su comercialización o para la extracción de sus cannabinoides no estupefacientes como el CBD".
Por último, se insta al Gobierno a "armonizar el proceso de inspección, fiscalización y análisis de los cultivos de derivados de la planta del cáñamo a través de las autoridades competentes" y a "estar observantes a los avances que se están realizando a nivel europeo para implementar diligentemente un marco legal sobre todos los alimentos derivados del cáñamo, incluso con contenido en CBD y otros cannabinoides que carezcan de efecto estupefaciente, tomando en cuenta, en su caso, los procesos de autorización de nuevos alimentos".
El debate de este miércoles llega apenas un mes después de que el Congreso tumbara una proposición de ley de ERC para regular el cannabis de forma integral. PSOE y PP votaron en contra de tomar en consideración la propuesta, mientras que Unidas Podemos votó a favor.
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