Con motivo del Día Mundial del Agua, activistas de la organización ecologista Greenpeace se han desplazado hasta el Parque Nacional de Doñana (Huelva) para desplegar una pancarta con el lema 'Stop pozos ilegales, salvemos Doñana'. Una acción con la que la organización ecologista quiere mostrar "su total rechazo" a la nueva Proposición de Ley impulsada por el Partido Popular y Vox que, a su juicio, sirve para "amnistiar los regadíos ilegales de la Corona Forestal de Doñana".
En una nota de prensa, la organización advierte que esta proposición "puede cercenar definitivamente la ya maltrecha salud de los acuíferos de la Corona Norte de Doñana, que se encuentran en mal estado cuantitativo y cualitativo, como ya publicó en su informe SOS Acuíferos", así como dice que "esta amnistía supondría el incumplimiento de la sentencia por no proteger al espacio natural frente a la sobreexplotación y robo del agua, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), en junio de 2021".
Por otro lado, Greenpeace ha asegurado que "con esta proposición, la Junta de Andalucía envía un mensaje muy peligroso al sector agrícola profesional", que "va a ver cómo hay explotaciones que son absueltas de delitos ambientales, mientras hay otras que sí se ajustan a las dotaciones de agua concedidas".
"Esta proposición de ley es un agravio comparativo hacia las explotaciones agrícolas que sí cumplen con la normativa y podría suponer un efecto llamada hacia la impunidad en el robo del agua. En Doñana tenemos un espacio natural protegido que nos avisa del estado de los acuíferos, pero esto puede estar pasando también en otras zonas de Andalucía donde se está extrayendo agua con pozos ilegales", ha declarado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.
En este punto, ha indicado que "a pesar de que la Junta de Andalucía ha expresado que esta proposición no va a tocar ni un solo litro del acuífero del que bebe Doñana", la organización ecologista considera que el gobierno regional "falta a la verdad puesto que la concesión de aguas superficiales no va a ser inmediata y está supeditada a la realización de obras hidráulicas que no es seguro que se lleven a cabo, como es la presa de Alcolea".
Por otro lado, ha señalado que la Junta de Andalucía "no tiene competencias para asignar recursos hídricos y conceder derechos de riego con agua superficial en la demarcación del Guadalquivir, cuya gestión corresponde al Estado", por lo que "mientras estas obras se aprueban o no, los suelos agrícolas reconocidos como regables tendrán que seguir usando agua del acuífero y lo harían con una amnistía auspiciada por la Junta de Andalucía".
"Mientras tanto, el cierre de pozos ilegales, que debería ser la prioridad máxima para todas las administraciones que tienen competencias en la gestión de aguas, no avanza a la velocidad que debería", ha subrayado la organización.
Por otra parte, ha incidido en que el informe presentado el lunes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) "indica que las consecuencias negativas del cambio climático se están experimentando antes y tienen consecuencias de mayor magnitud que las anticipadas en informes anteriores" y que "los estudios científicos coinciden en prever un aumento de los peligros relacionados con el agua, un aumento de las amenazas a su disponibilidad y calidad debido al incremento del calentamiento global".
A este respecto, ha apuntado que las proyecciones para el sur de Europa "indican que, a medida que el nivel de calentamiento global alcance los 2°C, más de un tercio de la población experimentará escasez de agua, con el riesgo de sufrir sequías agrícolas y ecológicas más frecuentes y/o más graves".
Berraquero ha subrayado que "la escasez de agua y los eventos extremos, como la sequía, tienen un impacto negativo en los ecosistemas porque los hábitats pueden disminuir, así como la tasa de crecimiento de los árboles, aumenta el riesgo de erosión del suelo y el de incendios forestales", así como que, "además, se proyecta una pérdida generalizada de humedad del suelo para España bajo el calentamiento global continuo".
"Los datos publicados por el IPCC indican que las políticas del "agua para todos" de la Junta de Andalucía están yendo en la dirección contraria a lo que dice la ciencia. En un momento crítico en el que deberíamos estar pensando en cómo abordamos una reducción del consumo de agua en la agricultura para que no afecte a la economía de las familias que viven del campo, tenemos un gobierno regional que se preocupa de hacer cálculos electoralistas para las próximas elecciones municipales", ha concluido Luis Berraquero.
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