Andalucía

El fiscal pide abrir el juicio por el soborno de la edil en Camas

Las defensas piden el archivo de la causa tras anularse las escuchas

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El fiscal pidió ayer que se abra juicio oral contra los cuatro acusados de internar sobornar a una concejal de Camas (Sevilla), entre ellos el ex alcalde Agustín Pavón (IU), mientras que la defensa ha pedido el archivo porque, una vez anuladas las escuchas, la única prueba se basa en “odio o venganza”.

El juzgado de instrucción 2 de Sevilla celebró ayer la audiencia preliminar, último paso previo a remitir el caso a un tribunal del jurado, en un acto en el que el fiscal ha afirmado que existen “pruebas suficientes” de que los cuatro acusados intentaron sobornar con 12.000 euros a la ex concejal de IU Carmen Lobo, por lo que ha pedido para cada uno una condena de un año y medio de cárcel.

En declaraciones a los periodistas tras el acto, Pavón anunció que va a pedir ser indemnizado por los daños y “muchos perjuicios acumulados en estos cinco años”, tanto en lo personal como en lo político, que “no se van a recuperar con una sentencia absolutoria”.

Insistió en que el “caso Camas” ha sido una “trama-trampa” cuyos autores son el ex militante de IU Francisco Javier Gordo y el dirigente socialista de Camas Antonio Rivas, de quien recordó que aún debe dar cuentas de su implicación en el intento de cohecho en Mercasevilla desde su puesto de delegado provincial de Empleo.

A la audiencia preliminar asistieron los acusados Pavón, Antonio Enrique Fraile, ex concejal del PP, y José del Castillo, ex edil del PA, pero no el empresario Eusebio Gaviño, detenido por la Policía cuando, en septiembre de 2005, entregó un sobre con 12.000 euros a la concejala que pensaba sobornar para conseguir su voto.

Fuentes del caso informaron a Efe de que el abogado de Gaviño ha pedido el sobreseimiento de la causa porque, tras la anulación de las escuchas telefónicas a los acusados, “no existe prueba de cargo alguna” pues la declaración de Carmen Lobo se basa en la “animadversión, rencor y odio”.

El abogado de Fraile basó su petición de archivo en el informe de los peritos que determinaron que el análisis de la grabación realizada en una reunión el 18 de agosto de 2005, en la que presuntamente se planificó el cohecho, solo permite demostrar la participación en la misma de Pavón, Gaviño y del Castillo.

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