Andalucía cerró 2022 con un récord de inversión en proyectos de energías renovables, que se duplicó hasta rozar los 1.300 millones de euros fruto de la instalación de 1.257 megavatios "verdes" que han permitido la creación de cerca de 3.800 empleos asociados a su construcción.
El consejero de Política Industrial y Energía de la Junta andaluza, Jorge Paradela, lo ha asegurado este miércoles durante su intervención en el encuentro-coloquio organizado por el diario SUR en colaboración con Cajasur en Málaga.
Ha destacado el esfuerzo de tramitación realizado el año pasado, en el que se instaló un 50 por ciento más de potencia renovable para la generación de electricidad en la comunidad andaluza frente a los 837 megavatios de 2021.
De esos 1.257 nuevos megavatios renovables, que en la práctica totalidad correspondieron a plantas fotovoltaicas (1.237 megavatios), Málaga aportó 103 megavatios, lo que representa el 8,2 por ciento de la nueva potencia, de manera que la provincia cerró el año con 1.094 megavatios de energías limpias.
"Andalucía alcanzó en 2022 los 10.198 megavatios de potencia renovable instalada, tras crecer un 14 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, lo que la coloca como la segunda comunidad autónoma en potencia eléctrica 'verde', manteniendo su posición de liderazgo en tecnologías como la termosolar y la biomasa, y recuperando el segundo puesto nacional en fotovoltaica", ha resaltado.
En el ejercicio pasado se triplicó además el número de instalaciones de autoconsumo en relación con 2021, de manera que ciudadanos, empresas y otras entidades pusieron en marcha 53.400 nuevas instalaciones, lo que eleva por encima de las 83.000 las existentes en ese régimen, que suman una potencia instalada de 618 megavatios.
Eso representa el 13 por ciento de la potencia total fotovoltaica en Andalucía, ha incidido Paradela.
Ha explicado la tramitación de los proyectos renovables, que se caracteriza por ser "exigente, participativo y transparente", con procesos de información pública y envío de documentación a administraciones y organismos pertinentes, estudios sobre el comportamiento de la avifauna e informes de impacto paisajístico, entre otros.
"Andalucía es la única comunidad española que cuenta con garantías adicionales en la tramitación medioambiental de este tipo de proyectos", ha afirmado.
El Gobierno central marcó el 25 de enero de 2023 como límite para obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de manera que todos los proyectos que no contaran con esa autorización a tal fecha perderían el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica y, por tanto, no podrían continuar con su tramitación.
En el conjunto de Andalucía el Ejecutivo autonómico ha dado autorización ambiental favorable a 445 expedientes que pueden suponer la instalación de 12.584 megavatios.
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