La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha desestimado la Apelación del ayuntamiento sobre la sentencia, dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo del juzgado de Algeciras, que anula un decreto del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, relacionado con la incorporación a su plaza de auxiliar administrativa de la exconcejala del PP Marina García.
El decreto de Boix se apoyaba, recuerdan desde el PIVG, en un informe de la secretaria, contradictorio con el informe desfavorable de reparo de la Interventora, "con el que coincidíamos en todos sus términos y, que sorprendentemente , en su informe, la Secretaria llega a decir que la Interventora está confundida con el fondo del asunto", recuerdan.
García estaba en excedencia especial por su cargo público de Concejala de la Corporación y su plaza estaba ocupada por una interina, "a la que se debía dar de baja al incorporarse la titular de la misma y el alcalde no lo ha hecho en base al informe contradictorio de la Secretaria", manifiestan desde el PIVG.
El portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, recuerda que esta plaza de forma interina "se ocupó siendo concejal de recursos humanos el actual alcalde Ruiz Boix y que estuvo rodeada de polémica en cuanto a su contratación, por un supuesto enchufismo por afinidad política y es ahora precisamente Ruiz Boix como alcalde, en contra de lo establecido por la Ley , el que no ha dado de baja a la persona que la ha estado ocupando de forma interina aunque se haya basado en un informe de la Secretaria General, contradictorio con el informe de Reparo desfavorable puesto por la Interventora".
"Esto está ocurriendo con más frecuencia de lo normal y lo avalan las sentencias que estamos ganando en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Y aunque se les condena en costas siguen recurriendo al TSJA y al TS en súplica o Casación y siguen fallando condenando al Ayuntamiento . En esta última sentencia la propia jueza con argumentos jurídicos muy contundentes en contra del informe de la Secretaria , dejándola en evidencia diciendo que es ella la confundida ante algo que la Ley lo deja muy claro a pesar de que el Ayuntamiento tome la decisión que crea oportuna", apunta el del PIVG.
"También ahora el TSJA, condena en costas al ayuntamiento y a pesar de la claridad de la sentencia y la doble condena en costas, no sé si para ganar tiempo o porque los gastos jurídicos los pagamos los ciudadanos, recurrirá la sentencia hasta el TS", lamenta Mayoral.
Para el portavoz del PIVG, "es llamativo que habiéndose producido recientemente la vuelta a su puesto de trabajo otro técnico urbanismo, sin más, por decreto Ruiz Boix ha despedido al funcionario interino que le ocupaba desde hace bastantes años y quizás la diferencia es que este último no estuvo rodeada su contratación de un supuesto enchufismo por afinidad política".
"No obstante, como sigue sin contestar a los Recursos de Reposición que ponemos, seguiremos acudiendo en la vía administrativa al Juzgado de lo Contencioso, siendo responsables des el PIVG, hasta que entre una nueva Corporación", finaliza Mayoral.
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