Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han desarrollado un método anticorrupción para los partidos políticos que incluye órganos colectivos para el control financiero y procesos de selección de personal óptimos para puestos sensibles como los vinculados con la gestión económica.
La propuesta diseñada por el equipo que dirige el investigador del Departamento de Derecho Penal de la UGR Miguel Ángel Morales Hernández contempla, entre otras actuaciones, realizar un código ético con respuestas concretas ante potenciales casos.
El método diseñado incluye la puesta en marcha de órganos colectivos para el control financiero de las formaciones y el establecimiento de procesos de selección de personal óptimos, especialmente para los puestos más sensibles en materia económica.
Desde un punto de vista preventivo, la investigación analiza lo útiles que pueden ser para los partidos políticos los llamados modelos de organización y gestión de prevención de delitos, también conocidos como "Criminal compliances".
"De hecho, desde el año 2015, este tipo de organizaciones están obligadas a dotarse de un conjunto de normas y mecanismos de vigilancia y control", ha detallado Morales.
El fin de esta propuesta es que las formaciones puedan detectar a tiempo la posible comisión de delitos por parte de sus directivos o trabajadores, aunque muchos de los partidos no han implementado las medidas más eficaces para evitar prácticas corruptas, según el investigador.
La investigación propone como soluciones que se apruebe un adecuado código ético que indique a los miembros del partido cómo han de actuar ante determinadas situaciones susceptibles de generar casos de corrupción, y que la toma de decisiones en materia financiera sea realizada por órganos colectivos y realmente independientes.
El método pide además establecer un adecuado proceso de selección de personal, especialmente en aquellos puestos con funciones y competencias en ámbitos sensibles a la corrupción, y que exista un canal de denuncias de posibles comportamientos delictivos y la transparencia necesaria para una adecuada fiscalización.
Se trata de medidas encaminadas a evitar la creación de "cajas negras" o "cajas B" en los partidos políticos, suprimiendo o controlando las cajas de dinero en efectivo y diseñando procesos de autorización de pagos, entre otras medidas disuasorias que incluyen el castigo de prácticas corruptas.
La investigación también ha propuesto modificar los actuales delitos de financiación ilegal de los partidos políticos que se encuentran regulados en los artículos 304 bis y 304 ter del Código Penal español, y que fueron incorporados en el año 2015.
"He detectado que muchos comportamientos en este ámbito no podrían llegar a ser castigados por parte de los jueces y tribunales de nuestro país, en caso de que llegaran a producirse en un futuro", ha subrayado Morales, que ha destacado como ejemplo que resulta impune la conducta de falsear la contabilidad de un partido.
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