Durante la primera sesión del juicio que investiga el aumento de valor y edificabilidad de la finca "La Parrada" de Manilva, los letrados han planteado diversas cuestiones previas que el tribunal resolverá en sentencia.
El letrado José Antonio Choclán, que representa a dos de los procesados, ha alegado que el juez Miguel Ángel Torres era incompetente, ya que el caso no le correspondía territorialmente.
Para este abogado, no existe "ningún criterio legal" para que se atribuyera la competencia territorial y ello tiene como consecuencia la nulidad de las actuaciones, ya que "todo está viciado".
Todos los letrados han mantenido que el instructor no ha sido independiente, lo que constituye una garantía básica para el procedimiento.
Han alegado como cuestión previa falta de imparcialidad y un interés persecutorio por parte del instructor, que "no tenía voluntad de indagar en la verdad".
Por su parte, el fiscal ha afirmado que la operación fue "un pelotazo urbanístico" y que las defensas se han excedido en sus alegaciones.
Además, el Ministerio Público ha argumentado que la competencia territorial ya fue resuelta en la Audiencia Provincial, por lo que la ley no se ha manipulado.
Ante las quejas de las defensas sobre la supuesta ilegalidad de algunas escuchas telefónicas incluidas en la causa, el fiscal ha destacado que todas ellas fueron legales y contaron con autorización judicial.
Hoy el juicio continuará con la declaración del ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel, siete de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de tres millones de euros al considerarlo autor de un delito de cohecho.
El ex regidor permaneció durante más de dos meses en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre tras su detención en 2005 en el marco de la operación "Ballena Blanca" contra el blanqueo de capitales.
La Fiscalía también acusa al cuñado del ex alcalde, Francisco Calle, el responsable de la sociedad Royal Marbella Estates, Aki Johannes Kujala, y Rafael Fernández.
Las conclusiones del escrito acusatorio establecen que entre 2002 y 2003 la sociedad Royal Marbella Estates SL adquirió "con fondos de origen desconocido" unos terrenos situados en las localidades de Manilva (Málaga) y San Roque (Cádiz), compras que supusieron un desembolso de más de 9,7 millones de euros.
La entidad vendió esos mismos terrenos entre octubre y diciembre de 2004 a la sociedad Desarrollos Urbanísticos La Parrada SL por casi 118 millones, lo que supuso la obtención por parte de Royal Marbella Estates de una plusvalía de casi 92 millones de euros.
Según la Fiscalía, el "espectacular incremento" en el valor de los terrenos se encuentra "íntimamente relacionado" con el convenio firmado en agosto de 2004 entre la citada sociedad y el Ayuntamiento de Manilva, representado por el entonces alcalde Pedro Tirado, del Partido Democrático Independiente de Manilva.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
