En su Memoria de 2009, a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal especial para Medio Ambiente y Urbanismo atribuye el descenso de las construcciones en parajes protegidos a "la crisis económica, la presión policial y judicial, el mayor compromiso de algunos Ayuntamientos, la labor inspectora de la Junta y el efecto disuasorio de las demoliciones ordenadas por los tribunales".
El fiscal coordinador, Javier Rufino, señala que uno de los principales problemas de su servicio son las parcelaciones ilegales en el paraje Las Minas de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), donde las edificaciones ilegales "exceden notablemente la superficie del casco urbano del municipio".
Por su permisividad ante tales parcelaciones ilegales se encuentra pendiente de juicio el ex alcalde de Castilblanco Manuel Ruiz Lucas (IU) y el fiscal dice en su Memoria que una de las medidas puestas en marcha es notificar al Ayuntamiento todas las sentencias condenatorias para que "ejerza sus obligaciones de disciplina urbanística que han groseramente omitió en su día".
El fiscal lamenta la "falta de colaboración de algún Ayuntamiento afectado" a la hora de ejecutar la demolición de las casas ilegales, una medida que ahora se impone junto a la pena de cárcel como única manera de restaurar la legalidad vulnerada.
No obstante, el fiscal llama la atención sobre la disfunción que supone el hecho de que una de las cuatro secciones penales de la Audiencia de Sevilla haya roto con la doctrina de las restantes y haya decidido no ordenar demoliciones en Las Minas porque se trata de una zona "urbana de facto, aunque no lo sea conforme al planeamiento".
Ello ha llevado a la "consecuencia indeseable" de que, ante hechos idénticos, se dicten sentencias firmes "radicalmente discrepantes", lo que "no es entendido por la ciudadanía".
Hasta finales de 2008, una treintena de edificaciones ilegales han sido destruidas en Sevilla, según la Memoria, que destaca que las pocas sentencias absolutorias lo han sido por prescripción de los plazos legales para declarar ilegal la edificación.
Rufino recoge que en 2009 se incoaron en los juzgados sevillanos 145 causas por edificaciones ilegales, en su mayor parte casitas de recreo, lo que priva de efectivos para investigaciones por delitos "de mayor gravedad y complejidad".
Junto a ellas, 28 causas fueron por delitos contra el Medio Ambiente, 8 por atentados contra el patrimonio histórico, 37 por delitos contra la flora y fauna y 48 por incendios forestales.
Por su parte, la Fiscalía abrió en 2009 un total de 162 diligencias de investigación, de las que 132 fueron por infracción de normas urbanísticas, 15 por delitos contra el medio ambiente, 7 por delitos contra la flora y fauna y 4 por daños al patrimonio.
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