La nueva comisión de investigación propuesta por el PP sobre el presunto uso irregular de dinero de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) deberá debatirse en el pleno del Parlamento, ya que Por Andalucía ha registrado un escrito de oposición a su creación, mientras que el PSOE no lo ha hecho.
La coalición de izquierdas ha sido el único grupo parlamentario que ha registrado su oposición a esta iniciativa del PP dentro del plazo establecido, que acabó el pasado viernes, han informado a EFE fuentes parlamentarias.
El reglamento de la Cámara establece que cuando algún grupo se opone a la petición de creación de una comisión de investigación es el pleno el que debe decidir en un debate de totalidad, donde en esta legislatura el PP cuenta con mayoría absoluta.
Si ningún grupo se hubiera opuesto a su creación, la comisión de investigación habría quedado constituida automáticamente.
Por Andalucía argumenta que no se fija el objeto de investigación, tal y como establece el artículo 52.1 del reglamento parlamentario, sino "una propuesta de método de trabajo de una comisión que aún no existe", lo que "debe ser causa suficiente para que decaiga la solicitud", según su escrito, al que ha tenido acceso EFE.
Este grupo añade que si se entiende que lo propuesto es el objeto, "lo que se propone es constituir una comisión de investigación parlamentaria para investigar a la comisión de la anterior legislatura".
Además, alude a la posibilidad de un grave precedente por establecer distintas "verdades parlamentarias" sobre un mismo hecho investigado y resalta que no se dan los "presupuestos" que hacen necesaria la actividad de una comisión de este tipo, como es el caso de "que el ejecutivo actual tenga resistencias a establecer hechos".
Por Andalucía invita a que el Gobierno andaluz comparezca ante la Cámara para informar sobre qué medidas ha adoptado para que no sucedan nuevas irregularidades o sobre el proceso de liquidación de las deudas pendientes.
También argumentan que la anterior legislatura terminó "de forma abrupta", sin el debate y votación en pleno del dictamen de la FAFFE, "por la única decisión y responsabilidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que adelantó las elecciones, "sabiendo que con esa decisión y por imperativo reglamentario los procedimientos caducan".
La coalición de izquierdas indica que los grupos parlamentarios son diferentes y pueden ver "lesionados sus derechos" al asumir unos trámites que ya no existen y que no propusieron ni ejecutaron.
Ese aspecto, "en términos de derecho parlamentario, es una obviedad que no se puede pervertir sin cometer una grave y peligrosa irregularidad en el hacer parlamentario".
El PP pretende recuperar la comisión de investigación sobre la FAFFE, que se celebró en la legislatura pasada, para "actualizar" con posibles novedades el dictamen aprobado, que responsabilizaba a los expresidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.
El dictamen fue aprobado el 25 de abril, pero no pudo ser ratificado en el pleno porque se adelantaron las elecciones.
Sería la tercera legislatura consecutiva en la que ocurre, ya que en la penúltima, con Susana Díaz de presidenta, se aprobó pero no se puso en marcha, y en la pasada se completaron todos los trabajos pero faltó el último paso, ir al pleno.
La petición del PP es distinta a la que se debatirá el jueves en el pleno del Parlamento a propuesta de Vox, que cuenta con la oposición manifestada por los populares.
En su argumentación para rechazar la propuesta de Vox, a la que ha tenido acceso EFE, el PP-A descarta empezar de nuevo los trabajos que la comisión de la FAFFE llevo a cabo durante la pasada legislatura, así como volver hacer las mismas citaciones de comparecientes.
"Muchos de ellos, la mayoría responsables políticos no quisieron responder a las preguntas o no comparecieron, en una clara estrategia de silencio", sostienen los populares.
Por ello, defienden otra fórmula que retome los trabajos realizados en el anterior mandato y que suponga nuevos dictámenes de los grupos parlamentarios en los que se pueda actualizar las conclusiones y que estas se integren en el dictamen final, lo que evitaría la "repetición" de las tareas.
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