El Ayuntamiento de Sevilla ha organizado un acto "institucional" este martes 21 de febrero con el que cerrar la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, tras concluir los trabajos de exhumación realizados desde enero de 2020 por Aranzadi Sociedad de Ciencias por encargo del Consistorio hispalense y tras haber sido recuperados los restos óseos de 1.786 personas "asesinadas".
Así lo ha adelantado este lunes la Cadena SER y confirmado Europa Press de fuentes municipales. El último informe del pasado 2 de febrero del antropólogo Juan Manuel Guijo y el arqueólogo Jesús Román en nombre del equipo técnico detalla que el mes de enero fue "completado con la exhumación de todos los restos vinculados a la actividad funeraria y con casi todas las evidencias de víctimas".
Las excavaciones han deparado la detección de restos óseos de 10.076 "sujetos", la exhumación de 10.051 de ellos y el descubrimiento de "evidencias de represalias" en los vestigios de 1.786 personas, que corresponden con el número de la "población asesinada", según el informe mensual de Aranzadi.
Después de que las excavaciones de la fosa común de Pico Reja comenzasen en enero de 2020, el pasado mes de junio de 2022, el Ayuntamiento hispalense ampliaba el presupuesto destinado a esta intervención porque la localización de restos óseos de personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del golpe de Estado de julio de 1936 había "desbordado" las previsiones iniciales.
Entre las víctimas enterradas en la fosa de Pico Reja, figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado como Padre de la Patria Andaluza.
Los últimos avances de la investigación científica promovida en torno a esta fosa apuntan a que la misma acogería los restos de, al menos, 30 miembros de la columna minera de Riotinto, enviada desde Huelva hacia Sevilla capital el 18 de julio de 1936 para detener el alzamiento militar y cuyos efectivos fueron víctimas de una emboscada tendida en la Cuesta del Caracol de Camas a manos del comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras y los hombres bajo su mando, pese a que éste había declarado su lealtad al legítimo Gobierno republicano.
En paralelo al rescate de estos restos óseos, el equipo encargado de la exhumación está remitiendo tandas de muestras de los mismos al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada para la identificación de los cadáveres a través del cruce del AND extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas en su día a familiares de represaliados.
Para este cotejo, los técnicos de Aranzadi seleccionan muestras de unos diez centímetros de los huesos mayores del esqueleto apendicular en mejor estado y los introducen en sobres de papel sellados, lacrados e identificados con una serie de números y letras que se corresponden con los datos de exhumación del cuerpo.
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