El Presupuesto de 2021, que la Junta de Andalucía debió prorrogar para 2022 ante la falta de apoyo parlamentario, ha alcanzado una dotación final de 45.128,6 millones de euros después de que a su cuantía inicial se le añadieran 5.204 millones en nuevos créditos a lo largo del pasado año, lo que ha supuesto que la capacidad de gasto del Gobierno andaluz en ese ejercicio solo sea inferior en 475 millones, un 1,04% menos, a la prevista para este 2023, que inicialmente arranca en 45.603,8 millones.
Los datos de la Intervención General de la Junta de Andalucía certifican esta evolución en las cuentas autonómicas para 2022, que inicialmente partían del teórico lastre de ser la prórroga de las diseñadas para 2021, cuyo crédito inicial era de 39.923,7 millones y han acabado convertidos en esos 45.128,6 millones.
De esa capacidad de gasto de hasta 45.128 millones que ha tenido el Gobierno andaluz durante 2022, el crédito que autorizó para gastar fue de 43.698,14 millones, las obligaciones que asumió el Gobierno andaluz ascendieron a 42.450,9 millones, mientras que los pagos materiales que salieron de las arcas autonómicas fueron de 41.832,06 millones, según los datos consultados por Europa Press.
Entre los ingresos adicionales contabilizados por el Gobierno andaluz figuran 1.854,8 millones de remanente de tesorería, cuando la previsión inicial era de 103 millones, por lo que dispuso de 1.957,9 millones por este concepto.
De esos 5.204 millones que se sumaron a las cuentas prorrogadas, 1.087,6 millones fueron incorporaciones de créditos, mientras que los 4.117,2 millones restantes se corresponden con generaciones de créditos.
El departamento del Gobierno andaluz que registró mayor incremento de su crédito inicial fue la Consejería de Educación, que lo hizo en casi 900 millones de euros (890,46), por lo que su crédito inicial, 7.416,8 millones, llegó hasta los 8.307,2 millones. Educación recibió 706,5 millones de generaciones de crédito y 116,4 de remanentes de créditos.
Educación destinó, de ese montante de 890,46 millones, 409 millones a transferencias de capital, para inversiones ejecutadas por terceros. De ese aumento de créditos, la Consejería destinó casi 100 millones (97,7) a gastos de personal.
La Consejería de Salud también elevó su presupuesto con 585,3 millones y pasó a tener un crédito final de 12.912,4 millones, cuando arrancaba en 12.327,1 millones, tras sumar 255 millones de remanentes y 308,1 millones de generaciones de crédito. Salud dedicó 287,8 millones a transferencias corrientes y otros 313,6 a transferencias de capital.
La Orden de 7 de septiembre de 2020 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, establece que las fases contables del gasto presupuestario son de reserva de crédito, los créditos que se retienen para una determinada finalidad; la fase de autorización de gasto, la luz verde de los órganos competentes; la fase de compromiso de gasto o disposición, que refleja los compromisos de gasto frente a terceros de la Junta de Andalucía y de sus entidades.
Estas etapas anteceden a la fase de obligaciones reconocidas, las obligaciones contraídas con terceros una vez que éstos han realizado su prestación y la Junta reconoce y liquida la obligación. A partir de aquí se activa la propuesta del pago de la obligación reconocida a la Tesorería General de la Junta de Andalucía o las tesorerías de las entidades instrumentales.
Las generaciones de créditos, según el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, son "modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los
contemplados en el presupuesto inicial", mientras que las incorporaciones se corresponden con los remanentes presupuestarios, que se pueden incorporar, entre otros, del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), de fondos europeos o los financiados con ingresos y transferencias finalistas.
Las transferencias de crédito que superan los tres millones de euros son competencia del Consejo de Gobierno, mientras que por debajo de esta cifra son responsabilidad del titular de la Consejería que tenga las competencias en Hacienda.
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