La huelga indefinida convocada desde el pasado 24 de enero entre los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha supuesto la suspensión de 7.300 juicios y actuaciones derivadas en la provincia de Sevilla, desde el comienzo del paro técnico hasta este lunes, así como la suspensión de varios cientos de lanzamientos, embargos, y desahucios, más de 65.000 actos de comunicación sin practicar, 2.120 demandas recibidas que aún no han sido encauzadas; 5.690 escritos recibidos sin proveer y unos diez millones de euros inmovilizados tras su depósito judicial, según calculan los convocantes.
De otro lado, el Ministerio de Justicia indica que en la provincia de Sevilla, la máxima incidencia de la huelga ha sido una jornada con el 38,27 por ciento de seguimiento, frente a un mínimo del 12,96 por ciento otro de los días del paro técnico.
El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas" a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por la Ley 13/2009, "e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que según el colectivo ha provocado un "insoportable desequilibrio".
La Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa, para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".
Las entidades convocantes, así, señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".
Pero el Gobierno central asegura por su parte que merced a dicho acuerdo de 2021, este colectivo veía el pasado mes de enero "un incremento de complementos de 206,87 euros" por persona.
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