El Tribunal Constitucional (TC) estudiará a partir del martes el recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con una ponencia que propone avalar toda la norma salvo el artículo sobre cómo se debe informar a la mujer, y bajo la amenaza de que no se logre el 'quorum' necesario para poder resolver, debido a las recusaciones lanzadas por algunos de los diputados 'populares' que impugnaron la norma.
Según ha informado la corte de garantías, el recurso presentado hace ya más de una década por 71 miembros del Grupo Parlamentario Popular será uno de los asuntos que aborde el Constitucional en el Pleno que celebrará esta semana, en el marco del plan ideado por el nuevo presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para desatascar el tribunal empezando por dar salida a los casos más antiguos.
El Pleno estudiará el recurso 'popular' en base a una propuesta del magistrado Enrique Arnaldo que, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, valida prácticamente la totalidad de la ley del aborto --que supuso implantar el sistema de plazos--, planteando solo su inconstitucionalidad respecto al artículo 17 al considerar que no garantiza suficientemente que haya un consentimiento informado por parte de la mujer.
Además, la ponencia pone el foco sobre dos cuestiones que estima constitucionales siempre que se interpreten como propone Arnaldo. Se trata del aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física o psíquica; y de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.
Las fuentes precisan que la ponencia guarda silencio sobre la cuestión del consentimiento paterno en los casos de abortos de menores de 16 y 17 años porque, aunque era uno de los preceptos impugnados, el Gobierno de Mariano Rajoy lo derogó en 2015, con lo que el recurso 'popular' habría perdido su objeto en este punto.
El debate sobre el recurso del aborto está amenazado por las recusaciones que 5 de los 71 diputados 'populares' que firmaron el recurso de inconstitucionalidad, entre ellos el ex ministro Federico Trillo, han formulado contra cuatro magistrados: Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel.
En relación a Conde-Pumpido, alegan que "era fiscal general del Estado y participó en las deliberaciones del Consejo Fiscal que informó sobre el anteproyecto de la ley orgánica objeto de este recurso y se formó criterio sobre el mismo hasta el punto de firmar un informe alternativo al emitido por el Consejo Fiscal por desacuerdo con éste último".
Sobre Campo, el escrito --al que ha tenido acceso Europa Press-- aduce que "fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011 y, por lo tanto, miembro de la estructura de Gobierno de la que partió la iniciativa del anteproyecto que dio lugar a la Ley Orgánica 2/2010 hoy recurrida".
Finalmente, en cuanto a Montalbán y Espejel, los recurrentes esgrimen que eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se tramitó la ley del aborto y, en consecuencia, "participaron en la elaboración y votación del informe de ese órgano sobre el citado anteproyecto".
Si estos cuatro magistrados fueran apartados --voluntariamente o por decisión del Pleno-- el Constitucional se quedaría sin los al menos 8 magistrados que se necesitan para resolver válidamente, ya que ahora mismo el tribunal está integrado por 11 magistrados.
Conde-Pumpido, Campo y Montalbán han rechazado abstenerse, pero Espejel sí ha optado por apartarse, en una decisión que deberá ser avalada o, en su caso, rechazada por el Pleno.
Desde el TC se considera que con esta iniciativa no se ha puesto en duda la imparcialidad de esos cuatro magistrados, por lo que las fuentes avanzan que la corte de garantías aplicará su reiterada doctrina para mantener su jurisdicción evitando la falta de 'quorum'.
Una vez sorteado el problema de las recusaciones y la abstención, la ahora mayoría progresista del TC es partidaria de declarar constitucional la ley del aborto en toda su extensión, de acuerdo con las referidas fuentes.
De ser así, se podría producir un cambio de ponente. Llegado el caso, Arnaldo podría ajustar su borrador a lo manifestado por el Pleno o renunciar directamente a la ponencia. El presidente también podría retirarle del asunto para encargarlo a otro magistrado.
Además, el Pleno estudiará una serie de asuntos en los que se han lanzado recusaciones contra varios magistrados, sobre todo Campo, que en la mayoría de los casos ha optado por abstenerse, bien por su anterior cargo como ministro de Justicia, bien por tratarse de impugnaciones dirigidas contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, su pareja sentimental.
Algunas voces del Constitucional achacan la ola de recusaciones a la que se enfrenta en este momento el tribunal a una estrategia de "presión" para entorpercer su labor.
Campo se ha apartado del recurso del ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la decisión adoptada por Batet el 22 de octubre de 2021 de retirarle el escaño en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a un mes y 15 días de prisión por un delito de atentado a la autoridad, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, por propinarle una patada a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife).
Se ha abstenido también del recurso de amparo parlamentario formulado por el PP contra la decisión de Batet, el 13 de septiembre de 2021, de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los líderes del 'procés', una medida de gracia que se concedió cuando Campo aún formaba parte del Ejecutivo.
Misma decisión ha tomado sobre los recursos presentados en su día por PP, Vox y Ciudadanos contra los acuerdos adoptados por Batet por los que se admitieron todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por diputados electos de Unidas Podemos y de formaciones independentistas.
Campo se ha apartado igualmente de asuntos como la ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica; la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia; y la Ley de Educación.
El Pleno también analizará la abstención de Laura Díez del recurso de PP y Ciudadanos contra el decreto-ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y contra la Ley de Cataluña 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
La ex alto cargo de Moncloa ya se abstuvo en el pasado Pleno del recurso de Omnium Cultural contra la decisión del TC de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el Constitucional revise la ley aprobada por el Govern que elimina la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano.
La razón de la abstención de Díez es que firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma.
Asimismo, el TC decidirá si admite a trámite los recursos de Vox contra la Ley de Memoria Democrática y la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca.
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