El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa legislativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de manera que sea posible que los magistrados del Tribunal Supremo puedan jubilarse voluntariamente tres años más tarde, a la edad de 75. Pretende así paliar un posible colapso del Alto Tribunal derivado de la imposibilidad que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar nuevos nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
La Proposición de Ley Orgánica, firmada por la portavoz Cuca Gamarra y a la que ha tenido acceso Europa Press, incorpora un artículo único en el que recoge la modificación del artículo 386 de la LOPJ relativa a la edad de jubilación de jueces y magistrados.
Recuerda que si bien la jubilación por edad es forzosa al cumplir los 70 años, esta fecha puede prolongarse dos años más hasta que se llega a los 72 años de edad. E incluye la novedad, y es que los magistrados del Supremo deben poder alargar su permanencia en el servicio activo hasta que cumplan como máximo 74 años.
Añade en la modificación, que la decisión del magistrado será vinculante para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "quien solo podrá denegarla cuando el solicitante no cumpla el requisito de edad o cuando presentase la solicitud fuera del plazo indicado".
Y suman a esos 74 años uno más --hasta 75--, pero "siempre que así lo hubiere manifestado --el magistrado-- al CGPJ con seis meses de antelación".
Esta modificación que impulsa el Grupo Parlamentario Popular añade un cambio más en la ley, en concreto el artículo 61 bis, con el que busca posibilitar la prórroga por anualidades de la adscripción de miembros adicionales al servicio del Gabinete Técnico del Supremo.
"Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, por un periodo de un año prorrogable por períodos anuales, un número adicional de miembros al servicio del Gabinete Técnico", indica.
En la exposición de motivos de la iniciativa, los 'populares' recuerdan que si bien el CGPJ "tiene entre sus atribuciones la propuesta de nombramiento de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo", la modificación legal impulsada por los socialistas y Unidas Podemos en marzo de 2021 limitó la capacidad de realizar nombramientos en la cúpula judicial --incluido el Supremo--. Con esta maniobra buscaban forzar una renovación del órgano de gobierno de los jueces que lleva en funciones desde 2018.
El PP, que recuerda que esa modificación está recurrida ante el Tribunal Constitucional, indica que ha conllevado una falta de cobertura de plazas en el Alto Tribunal que acarrea que dejen de dictarse un gran número de sentencias por año.
Al hilo, mencionan el acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo, de enero de 2023, que apuntaba que el impacto de no poder cubrir bajas sólo en lo Social y lo Contencioso-Administrativo provocará que en 2023 se dicten unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), "con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone", y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al "colapso" de ambas salas.
Añade que el informe sobre la situación de la Demarcación y la Planta Judicial, publicado por el CGPJ el 1 de enero, fija un total de 79 plazas de magistrado del Supremo en las cinco salas, pero indica que según el dato que aporta la Sala de Gobierno hay 19 vacantes (el 24% de la plantilla). Esa cifra, explican, se verá aumentada dado que en los próximos meses se jubilan otros cinco magistrados más.
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