El equipo de Aranzadi Sociedad de Ciencias que acomete las excavaciones en la fosa común de Pico Reja del cementerio municipal de Sevilla, por encargo del Ayuntamiento hispalense, cerró el pasado mes de diciembre con un balance acumulado que arroja la localización de restos mortales de un total de 8.600 personas, entre las que figuran 1.718 personas "asesinadas", al presentar sus restos aspectos como agujeros de proyectil en el cráneo.
Así figura en el acta mensual firmada el pasado 3 de enero por el antropólogo Juan Manuel Guijo y el arqueólogo Jesús Román en nombre del equipo técnico, un documento recogido por Europa Press y en el que los autores del mismo exponen que "las previsiones efectuadas a principios de 2022 y entregadas al Ayuntamiento de Sevilla han quedado totalmente superadas", pues entonces se barajaba la "estimación de afrontar una exhumación de unas 7.000 personas, de las que unas 1.300 o 1.400 se definirían como víctimas".
"Este enorme incremento de material durante 2022 ratifica a esta intervención como el mayor proceso de exhumación acometido en todo el Estado, si se considera la totalidad de las evidencias intervenidas", exponen los técnicos.
Después de que las excavaciones de la fosa común de Pico Reja comenzasen en enero de 2020, el pasado en junio de 2022, recordémoslo, el Ayuntamiento hispalense ampliaba el presupuesto destinado a esta intervención porque la localización de restos óseos de personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del golpe de Estado de julio de 1936 había "desbordado" las previsiones iniciales.
En ese sentido, recordemos que entre las víctimas enterradas en la fosa de Pico Reja figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado como Padre de la Patria Andaluza.
Los últimos avances de la investigación científica promovida en torno a esta fosa apuntan a que la misma acogería los restos de, al menos, 30 miembros de la columna minera de Riotinto, enviada desde Huelva hacia Sevilla capital el 18 de julio de 1936 para detener el alzamiento militar y cuyos efectivos fueron víctimas de una emboscada tendida en la Cuesta del Caracol de Camas a manos del comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras y los hombres bajo su mando, pese a que éste había declarado su lealtad al legítimo Gobierno republicano.
En paralelo al rescate de estos restos óseos, el equipo encargado de la exhumación está remitiendo tandas de muestras de los mismos al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, para la identificación de los cadáveres a través del cruce del AND extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas en su día a familiares de represaliados.
Para este cotejo, los técnicos de Aranzadi seleccionan muestras de unos diez centímetros de los huesos mayores del esqueleto apendicular en mejor estado y los introducen en sobres de papel sellados, lacrados e identificados con una serie de números y letras que se corresponden con los datos de exhumación del cuerpo.
Conforme vayan surgiendo correspondencias efectivas (o positivas) entre el ADN de los restos óseos del represaliado y las muestras biológicas tomadas a familiares, la administración competente trasladará el resultado de forma totalmente privada a la familia, abriéndose entonces otro procedimiento para la entrega del cuerpo en caso de identificación.
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