La Junta de Andalucía no firmará el convenio remitido por la Universidad de Cádiz (UCA) para desatascar el proyecto de Valcárcel hasta que el resto de administraciones implicadas aclaran algunos términos económicos del acuerdo.
El consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Antonio Sanz, ha informado hoy que su compañero responsable de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, remitió al rector de la UCA, Francisco Piniella, las alegaciones al documento, cuyo borrador se hizo público el pasado 14 de noviembre.
Entre los peros que pone la Junta de Andalucía al texto, Sanz ha destacado que es preciso que el Ayuntamiento de Cádiz aclare su aportación, dado que se plantea la posibilidad de que los 5 millones ofrecidos para la rehabilitación del antiguo hospicio para el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación, se compense vía impuestos. “No queremos confrontar, pero hay que aclarar si esos 5 millones están disponibles” o no, ha remarcado el consejero de Presidencia.
Igualmente, pide a equipo de Gobierno local y a la UCA que concrete qué prevé hacer en el Campo de las Balas.
En cuanto al papel de la Diputación Provincial de Cádiz, el Gobierno autonómico considera que la referencia a que costeará el 50% del equipamiento “genérica” porque no detalla si se refiere exclusivamente “al edificio y a las instalaciones deportivas”, y reclama que la cesión del inmueble a la UCA sea “permanente”.
La Junta de Andalucía también señala al Gobierno de España, dado que en la reunión a cuatro bandas mantenidas por las administraciones implicadas se acordó buscar financiación alternativa por medio de los fondos europeos Next Generation “y no tenemos información”, ha agregado Sanz.
En términos generales, ha señalado que el consejero Villamandos ha propuesto ejecutar las obras por fases, para ganar agilidad administrativa y recortar plazos, e incorporar al debate sobre el proyecto a la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes, que han expresado su preocupación por la falta de aparcamiento, el transporte público y las plazas de residencias disponibles.
“No queremos polémica”, ha reiterado Sanz, quien ha renovado el compromiso con “un proyecto de ciudad” por parte de la Junta de Andalucía, sustanciado en la incorporación de dos millones de euros en los presupuestos autonómicos en vigor y hasta 29 millones en total hasta 2026. “Estamos en disposición de arrancar ya”, ha incidido, pero “queremos seguridad jurídica”.
Por ello, ha adelantado que habrá un nuevo encuentro entre todos los agentes implicados para limar las diferencias.
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