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El SUP pide al Gobierno que se querelle

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito Celador, consideró ayer, en declaraciones a Efe, que el Gobierno ?ya está tardando en presentar una querella contra Francisco Álvarez Cascos?, por sus acusaciones al Cuerpo Nacional de Policía.

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El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito Celador, consideró ayer, en declaraciones a Efe, que el Gobierno “ya está tardando en presentar una querella contra Francisco Álvarez Cascos”, por sus acusaciones al Cuerpo Nacional de Policía.

Ayer por la mañana, el ex ministro y ex secretario general del PP, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Efe, indicó que el ‘caso Gürtel’ es una causa que “está viciada de origen”, en la que ha habido una “camarilla policial”, dedicada a “falsificar papeles y preconstituir pruebas”.

“Es una comisión de camarilla, un grupito de camarilla. Algunos se hicieron famosos falsificando los ‘Papeles de Laos’. Son los mismos que ahora están falsificando papeles y preconstituyendo pruebas”, manifestó Álvarez Cascos. Para el portavoz del SUP, el ex dirigente del PP ha sobrepasado “el límite de lo razonable”.

Por ello, el SUP considera que el Gobierno “está tardando tiempo en presentar una querella contra Álvarez Cascos”.

Asimismo, Benito recordó que “no es la primera vez que miembros del PP acusan a la Policía de cometer delitos en el ejercicio de sus funciones”.

Indicó, además, que de ser reales, “las acusaciones de Cascos son los suficientemente graves para que vaya a un juzgado y lo denuncie, lo que no ha hecho todavía”.

“Para Cascos, los culpables son la Policía, el juez instructor del caso, el juez Garzón, todos excepto quienes han cometido los delitos”, concluyó.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) acusó a Álvarez-Cascos de intentar “despejarse el camino” como candidato del PP a Asturias atacando de forma “demagógica” al Cuerpo Nacional de Policía.

En un comunicado, la CEP ha reclamado al antiguo dirigente del PP una mayor dosis de responsabilidad en sus manifestaciones públicas que son, a su juicio, "un ejercicio gratuito de politización de la labor policial".

"Pretender desempolvar una polémica que tiene casi 15 años de antigüedad y acusar, sin dar nombres o aportar pruebas que vinculen a un funcionario policial concreto con un delito de falsedad, roza una temeridad que sólo merece nuestra más rotunda condena", asegura el sindicato.

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