El PP-A defenderá una proposición no ley en el Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a que demande al Gobierno central una modificación de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a fin de excluir expresamente de la prohibición de eliminación genérica por quema los materiales vegetales agrarios, como, podas de olivar y restos de girasoles, entre otros, así como a los residuos forestales, como los restos de podas, cortas y desbroces, y que, alternativamente, considere a estos materiales como restos sometidos a su propia normativa sectorial.
En caso de que no se lleva a cabo esa reforma legislativa, el PP-A plantea su iniciativa que la Junta pida al Ejecutivo nacional que establezca un periodo transitorio de tres años para que se pueda realizar una adecuada campaña de información a los sectores implicados; implementar los procedimientos de tramitación de las solicitudes de quema excepcional de esos residuos; habilitar los puntos limpios para su entrega; analizar posibles medidas de apoyo para los titulares de las explotaciones afectadas, y realizar un análisis completo de las repercusiones que podría tener la aplicación estricta de la norma, en relación con el riesgo de incendios y el balance de carbono.
Según señala el PP-A en la exposición de motivos de la iniciativa, consultada por Europa Press, la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en su artículo 27.3, prohíbe con carácter general la eliminación por quema de los residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola.
"Esta prohibición genérica ignora que la quema es una técnica de manejo tradicional en el mundo agrario y forestal que con frecuencia resulta ser la única alternativa viable para la eliminación de plagas y la eliminación de restos que disminuye el riesgo de incendios, entre otras", según el Grupo Popular.
Añade que la citada ley identifica a los restos vegetales de naturaleza agraria y silvícola como residuos cuando deberían ser contemplados "de modo diferenciado y siendo merecedores de una regulación específica".
Según el PP-A, tanto la quema de restos agrícolas como la de restos forestales está regulada en la normativa sectorial, que es donde debería profundizarse en su regulación, si así se considera.
Añade que la aplicación de esta ley conlleva, además, el problema derivado de su puesta en marcha por las comunidades autónomas, responsables competencialmente de su desarrollo y la vigilancia de su cumplimiento.
"El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no otorga un periodo transitorio para que los agentes implicados en la quema puedan articular posibles soluciones, y tampoco establece un tiempo para que las comunidades autónomas puedan implementar procedimientos adecuados que den soporte y garantía jurídica a la interpretación de las condiciones de excepcionalidad que puedan dar soporte a la evaluación razonada de los expedientes, lo que conlleva ir en contra de la simplificación administrativa que ya se aplica desde la Junta", según el PP-A.
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