El representante de la Fiscalía en el caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), ha defendido la investigación y ha asegurado que "el fiscal no abriga dudas sobre la licitud de la prueba". Ha rechazado la teoría de la conspiración de que el excomisario José Manuel Villarejo orquestó esta operación, aunque ha instado a ver en el juicio la participación de este. "No me asusta descubrir la verdad y si me he equivocado actuaré en consecuencia", ha apuntado.
"El juicio es necesario y debe celebrarse", ha asegurado el fiscal Valentín Bueno en su contestación a las alegaciones planteadas por las defensas la pasada semana, por lo que ha rechazado la suspensión para practicar pruebas complementarias y también la nulidad planteada, porque había "fuertes presunciones" para justificar las intervenciones telefónicas, que cumplen los requisitos necesarios. Además, ha defendido la denuncia y a los denunciantes.
La investigación en este caso comenzó a raíz de una denuncia presentada por dos ediles, David Valadez --que luego fue alcalde-- y Cristina Rodríguez--, ambos del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el PES. Hay 50 acusados --aunque para algunos se ha estimado la prescripción de los delitos y otro ha llegado a un principio de acuerdo-- y se han investigado delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación.
Sobre Villarejo, la acusación dice que hay hechos que no discute, como que cuando comenzó la investigación "tenía su prestigio profesional intacto", que tenía vinculación con Estepona e inversiones allí y contactos con el nuevo alcalde --Valadez-- y el gerente de Urbanismo; pero dice que no sabe si otros ocurrieron o no, como si intervino en que la denuncia se presentara en Madrid o por qué Valadez nombró a ese gerente, persona supuestamente relacionada con el excomisario.
Por contra, para el ministerio público, "carece de fundamento" la teoría de que 'Astapa' "fue una operación política ordenada desde Interior, que hubo reuniones secretas y pinchazos ilegales o que se manipularon informes policiales"; y, frente a eso, ha expuesto una tesis "alternativa", que en su opinión debe "ventilarse en este juicio".
Al respecto, ha explicado que su teoría se basa en primer lugar en que los hechos de la denuncia "son ciertos y habría existido con o sin Villarejo", que este "aprovechó su cargo para mantenerse al corriente de la investigación, pero nunca la controló", además de que "aprovechó la situación para favorecer sus intereses inmobiliarios en Estepona y proporcionar actividad a una de sus empresas".
"Lo que estoy diciendo es que es fácil pescar en río revuelto", ha incidido el representante de la Fiscalía, quien ha dicho que está "reconociendo que hubo irregularidades, pero nunca que hubo una quiebra del Estado de Derecho; lo que ocurrió aquí pudo ocurrir en cualquier país occidental porque la corrupción está latente en todas partes. En este caso el Estado de Derecho fue la operación 'Tandem'".
Así, ha asegurado que las cuestiones pendientes "se pueden averiguar en el juicio sin necesidad de suspenderlo y hacer una información suplementaria". Por eso, ha reiterado su petición de un nuevo bloque para abordar estas cuestiones relacionadas con el origen de la causa. "Es un bloque probatorio, no es hacer prueba sobre la prueba, sino sobre el origen de la prueba", ha incidido, apuntando que "es más necesario para las defensas que para el fiscal".
VALIDEZ DE LA PRUEBA
Valentín Bueno ha defendido la "honradez" de los denunciantes y la validez de las afirmaciones de la denuncia. En este sentido, ha recordado que los denunciantes apuntaron a que "se calcaba el modelo ya conocido de Marbella, donde todos los convenios se negociaban en un determinado despacho", apuntando que el caso 'Malaya' "era algo que preocupaba a los gobernantes de la Costa del Sol".
Así, ha señalado que plantearon una serie de "irregularidades", que "no podían ser falsas", y que resumido en diez puntos, entre ellos, la existencia de una caja B "que se nutre con aportaciones de empresarios", que presuntamente se eludía la fiscalización y que la negociación de convenios se hacía "no solo desde Urbanismo sino también desde el Gabinete de Alcaldía".
También se refirieron a la existencia de una "Caja C, que se nutre de fondos que entran sin control"; a la contratación de uno de los acusados que "monopolizó las valoraciones de aprovechamiento pese a que había funcionarios de mayor cualificación para ello", las sospechas sobre infravaloración de al menos diez convenios, "con un daño patrimonial millonario"; y el "enriquecimiento notable de determinados políticos".
Por eso ha insistido en la "objetividad de los indicios" aportados en la denuncia, que, posteriormente, tuvieron tres capas de corroboración, como fue la condición pública de los denunciantes y que "ninguno tenía nada que ganar y mucho que perder"; la comprobación que hizo la Policía, que identificó a los intervinientes y los hechos; y la documentación que fue intervenida.
Asimismo, ha defendido el control judicial, rechazando la idea de las defensas de que se sometió la instrucción a las directrices policiales, destacando la profesionalidad de los que llevaron a cabo esta investigación. Además, ha pedido que se aplica la atenuante de dilaciones indebidas.
El fiscal ha considerado prescrito el delito de cohecho en tres acusados, quienes no obstante seguirán en la causa por estar acusados por otros delitos.
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