Podemos propone al Gobierno intervenir directamente el mercado de la alimentación para abaratar la cesta básica de la compra y topar, al menos durante 2023, el precio de estos productos a los niveles que presentaban cuando comenzó la guerra de Ucrania, en febrero del año pasado.
Y en caso de que el PSOE se oponga se abren a estudiar bonificaciones directas al precio de los alimentos, pero desplegando un impuesto a grandes empresas de distribución para compensar el despliegue de fondos públicos.
Fuentes del partido morado han explicado a Europa Press que consideran "imprescindible" que el Ejecutivo adopte medidas "valientes", como ya se ha hecho con la energía o el transporte público, para "poner remedio a la actual escalada de los precios" en este sector.
La propia ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha desgranado luego en Twitter las líneas centrales de esta iniciativa porque la situación "requiere que el Ejecutivo tome cartas en el asunto", además de detallar que habría ayudas al pequeño comercio para compensarle ante la situación de precios intervenidos.
El planteamiento de Podemos llega después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) haya subido dos décimas a finales de 2022 en relación al mes anterior pero con recorte de 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 5,7%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, en contraposición con la tendencia de los precios de la alimentación, que se dispararon al 15,7%.
De esta forma, Podemos plantea fijar precios máximos a productos habituales de la cesta básica, siguiendo los pasos que ya dio el Ejecutivo con las mascarillas o los test Covid durante la crisis del coronavirus.
Concretamente, el tope para cada uno de estos productos sería el marcado el 20 de febrero de 2022 y estaría vigente, "al menos" durante todo el presente año, con vistas a atajar la tendencia inflacionista que se viene arrastrando desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania.
Además y con vistas a evitar que el pequeño comercio sufra situaciones de "tensión financiera", la intervención en el mercado se acompañaría con ayudas directas al sector, como ya se hizo también en pandemia con la hostelería.
Desde Podemos argumentan que esta vía sería la "más efectiva y justa" para garantizar alimentos a precios accesibles para las familias.
A su vez, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido la viabilidad de la medida y ha remarcado que, para proteger a los productores, existe la ley de cadena alimentaria que prohíbe vender alimentos a pédidas, evitando con ello la "tentación" que pudieran tener las grandes productoras de subir precios a costa de los agricultores o ganaderos.
En caso de que el PSOE, su socio de coalición no apoyara esta propuesta, y para facilitar que se alcanzase un acuerdo cuanto antes, los morados también se abren a estudiar una bonificación de los productos de la cesta básica, como se hizo con los carburantes hasta igualarlos al nivel que estaban días antes de la guerra de Ucrania.
Y dado que esta segunda vía implicaría destinar recursos públicos, Podemos afirma que debería completarse con otras dos medidas. La primera sería establecer un gravamen extraordinario a las grandes cadenas de distribución, análogo al aprobado para la banca y las empresas energéticas.
Los morados ya demandaron este tributo en las semanas previas a la extensión del decreto anticrisis y abogaban por un tipo del 33% sobre los márgenes de beneficios de estas compañías, resaltando que esta iniciativa ya se había desplegado en Portugal con buenos resultados.
A su vez, la segunda medida complementaria radicaría en establecer sanciones económicas a las empresas que aprovecharan dicha bonificación para seguir elevando sus beneficios.
Por tanto, Podemos demanda otra nueva iniciativa para combatir la inflación ante el alza de los precios de la alimentación, como ya hicieron por ejemplo cuando reclamaron un cheque ayuda para la cesta de la compra de entre 200 y 500 euros para hogares con ingresos no superiores a 42.000 euros anuales.
No obstante y tras la negociación dentro del Ejecutivo, esta ayuda se fijó en 200 euros dirigido a asalariados, autónomos o desempleados en 2022, que tengan un máximo de ingresos --27.000 euros anuales--, y de patrimonio conjunto --de 75.000 euros-- en función de la convivencia en el domicilio.
Dentro del decreto de medidas anticrisis y en el plano de la alimentación el Gobierno suprimió durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y rebajaba del 10% al 5% el del aceite y la pasta para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania y el alza de la inflación.
No obstante y a tenor de esta nueva propuesta, los morados no lo ven suficiente y de hecho el espacio confederal ya opinó que no era una medida que pueda ayudar, como manifestó recientemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Ya con el comienzo del curso político Díaz también esbozó su postura de buscar un acuerdo con la distribución para limitar los precios de productos básicos de alimentación, que garantizase costes asequibles para los ciudadanos.
Desde la formación morada se calificó de sensata la medida y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, dijo que apoyaba esa idea, aunque no mostraba mucha confianza en que las empresas accedieran y defendía como mejor vía un impuesto extraordinario a estas empresas.
También dijo que la fijación de precios tiene que ser compatible con que los pequeños agricultores y ganaderos tengan sus margen de beneficios para que su actividad sea sostenible.
Por otro lado, el sábado Belarra lanzaba una de las principales propuestas de la formación para el nuevo ciclo electoral, como es el despliegue de una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros mensuales desde los 18 años.
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