"No sería lógico", afirmó el abogado Pedro Apalategui durante su intervención en las cuestiones previas del juicio del "caso Minutas" sobre las presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella a Del Nido.
En este sentido, Apalategui detalló que un tribunal penal puede cuantificar, pero "no es menos cierto que la contabilidad, la responsabilidad civil, es competencia del Tribunal de Cuentas".
Para el letrado, "la totalidad de los hechos que se van a juzgar ya se han estudiado en el Tribunal de Cuentas", por lo que insistió en que si su cliente fuese condenado habría resoluciones contradictorias entre ambos órganos judiciales.
El Tribunal de Cuentas ha dictado al menos diez sentencias en las que se avala la procedencia y cuantía de las minutas percibidas por Del Nido por parte del Ayuntamiento de Marbella.
En dichas sentencias, que han sido unidas a la causa, el Tribunal de Cuentas considera que no ha quedado acreditada la existencia de daño real y efectivo en los fondos públicos tras los pagos que efectuó el Consistorio al abogado en concepto de minutas.
Apalategui también pidió que sólo se juzgue a Del Nido por los delitos de prevaricación, fraude y malversación, ya que del resto, que calificó como "sorpresivos", nunca se le preguntó durante la instrucción y se vulneraría su derecho a conocer de qué se le acusaba y su derecho de defensa.
Otras cuestiones previas que se presentaron en la primera jornada del juicio fueron la prescripción de algunos delitos, vulneración del derecho a ser informado de la acusación, y la seguridad jurídica, entre otros.
Por otra parte, el abogado Javier Sánchez-Vera, en representación del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, pidió la nulidad del auto de apertura de juicio oral porque se vulnera el principio de legalidad penal, y afirmó que no se puede acusar a su cliente del delito de fraude porque no es funcionario ni autoridad.
Asimismo, el letrado Salvador Guerrero, que ejerce la defensa del ex secretario del Ayuntamiento marbellí Leopoldo Barrantes, hizo hincapié en la existencia de "vicios de nulidad y acusaciones sorpresivas", que a su juicio no serían entendidos por la opinión pública, en caso de condena.
Por su parte, el fiscal anticorrupción señaló que el fallo del Tribunal de Cuentas no puede vincularse a la vía penal porque no se basa en la carga de la prueba, además del "formalismo" propio de este órgano judicial, entre otros aspectos.
En este sentido, el Ministerio Público añadió que el Tribunal de Cuentas incluye la salvedad de que se pronuncia "sin perjuicio" de lo que se pueda concluir en otro órgano judicial.
En el banquillo de los acusados hay dieciocho personas procesadas por los delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad, entre otros.
Del Nido se enfrenta a una petición de trece años y medio de prisión e inhabilitación durante siete años para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades, para contratar con las administraciones públicas y obtener concesiones o subvenciones de las mismas.
El fiscal pide que Julián Muñoz sea condenado a 16 años y seis meses de prisión y 48 de inhabilitación por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa continuada, fraude en concurso ideal con el delito de malversación de caudales públicos y societario, entre otros.
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