El enfrentamiento constante en el que están inmersos el Gobierno andaluz, liderado por el popular Juanma Moreno, y el Gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, es invulnerable a los efectos benéficos que suelen traer las fiestas navideñas.
De hecho, la confrontación está yendo a más a medida que se acerca el 2023.
No hay día que no haya declaraciones cruzadas castigando la gestión de la administración del color político contrario. Los temas conflictivos empiezan a agolparse sobre la mesa, con unas elecciones municipales y nacionales en el horizonte de 2023.
Si el curso político comenzó con una disputa muy agria sobre fiscalidad (con retirada en Andalucía del impuesto de Patrimonio y creación de un nuevo impuesto a los ricos por parte del Gobierno central). Ahora, en este mismo momento, Sevilla y Madrid están peleados por temas tan variados como las medidas para ayudar a las familias a luchar contra la inflación (bajada del IVA a ciertos productos o la subvención de transportes públicos), las ayudas al impulso del sector de la construcción o la sequía.
Críticas a la bajada del IVA
Así, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, reprochó a Sánchez "el tiempo perdido" en relación a la bajada del IVA de los productos básicos, ya que Moreno ya lo planteó en pasado marzo.
"Si se nos hubiera hecho caso antes se habría ayudado a muchas personas en España", criticó.
Además, lamentó que para tomar estas medidas no se haya contado con las comunidades autónomas, que también tienen competencias en materia fiscal.
Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Marifran Carazo, insistió ayer en que el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central al decreto de la Junta para regular los precios de obras públicas es "un chasco" y avisó de que "puede paralizar proyectos muy importantes" para Andalucía.
Respuesta
A estos ataques, respondió el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que instó a la Junta a dejar la confrontación y a ajustarse a la legislación. Además defendió que el decreto-ley sobre los precios en los contratos públicos de obras "invade" competencias nacionales.
Fernández aseguró que la Junta tuvo la posibilidad de negociar un acuerdo sobre este asunto, pero que se "negó", con el objetivo de tener una excusa más para la confrontación constante entre ambas administraciones.
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