Avanzar en la octava reforma de la Constitución es el principal desafío que enfrentará la Asamblea -Parlamento- portuguesa durante el próximo ejercicio.
La división entre los distintos partidos sobre la reforma puede complicar el proceso, pese a la mayoría absoluta de los socialistas en la Cámara.
La posibilidad de limitar libertades en caso de emergencias sanitarias -como ocurrió durante la epidemia de covid- y el acceso a los metadatos son dos de los temas más espinosos del proceso.
Casi medio siglo después de la entrada en vigor de la Carta Magna, el ultraderechista Chega decidió plantear la modificación y los otros siete partidos del hemiciclo presentaron sus propios proyectos, con propuestas que van desde el cambio climático o el bienestar animal hasta la actualización del lenguaje del texto.
El proceso arrancará en el Parlamento en enero con una duración inicial prevista de tres meses, aunque no hay límite legal, salvo el final de la actual legislatura (2026).
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