La Junta de Portavoces, que en su reunión de ayer fijó el pleno de la Cámara para los días 7 y 8 de abril, incluyó en el orden del día del mismo la comparecencia del Gobierno andaluz para explicar la liquidación de la deuda histórica por parte del Gobierno central.
La mayoría socialista en la Junta de Portavoces impidió que saliera adelante la petición realizada por PP e IU de que en vez de una comparecencia se celebrara un pleno especifico sobre este asunto o un debate general dentro del pleno ordinario, una decisión que fue criticada por los portavoces de ambos partidos.
El nuevo portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, justificó el rechazo en que este es un asunto que ya se ha debatido hasta en "una decena de ocasiones" en el Parlamento, y en que consideraba que la comparecencia de la Junta era suficiente para colmar las "expectativas" de los grupos.
Jiménez defendió la comparecencia como alternativa al pleno específico, un extremo sobre el que no estuvieron de acuerdo ni la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, ni el diputado de IU Ignacio García, que consideraron "necesario" la celebración de una sesión plenaria para hablar de este asunto.
Concretamente, Oña llegó a reconocer que su grupo había registrado también la petición de comparecencia "como mal menor" y ante la "seguridad" de que el PSOE iba a rechazar que se celebrara un pleno o un debate general, por lo que al final se hace "lo que ustedes nos digan", en alusión al grupo socialista.
Sobre este asunto, el pleno de la Cámara acogerá también el debate de una proposición no de ley, presentada por el PP, en la que se insta al Parlamento a reprobar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y a Carmen Martínez Aguayo, consejera de Economía y Hacienda cuando se firmó la liquidación de la deuda histórica.
Sobre este contencioso, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, calificó ayer de "lamentable" que el Gobierno andaluz no haya facilitado toda la información sobre las tasaciones de los bienes muebles e inmuebles cedidos por el Gobierno central a la Junta de Andalucía para satisfacer el pago de la deuda histórica.
Soto explicó ayer, a preguntas de los periodistas, que el PP-A demandará por todas las vías legales una completa información sobre cómo se han tasado los solares y activos cedidos a la Junta de Andalucía y ha opinado que en algún caso se trata de "terrenos improductivos".
"Nos gustaría conocer esas tasaciones y hemos solicitado toda la información en el Parlamento", añadió.
La portavoz popular reiteró que esta fórmula de pago de la deuda histórica le parece "una estafa" a los andaluces y recordó que, a juicio del PP, algunos de estos bienes, en especial los relativos a la empresa Agesa, administradora de algunos activos de la antigua Expo 92 se han sobrevalorado.
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