La Junta de Andalucía va a pedir la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central, aprobado esta semana definitivamente en el Senado, mientras se resuelve el recurso que tiene previsto presentar ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha asegurado que este impuesto es "un ataque total a la autonomía financiera de Andalucía".
España ha argumentado que la Junta eliminó el impuesto de patrimonio al cien por cien, un impuesto del que ha dicho que "no existe en ningún otro país de la Unión Europea, es obsoleto y ahuyenta la inversión y la riqueza".
"Nosotros lo eliminamos precisamente para que Andalucía sea un polo de atracción, de generación de inversiones y de empleo", ha afirmado.
Ha precisado que el Estado estableció "inmediatamente" este impuesto a las grandes fortunas "para que de alguna forma, en las comunidades donde se había eliminado el de patrimonio como Andalucía y Madrid "los contribuyentes tuvieran que hacer frente a este nuevo pago".
Por ello, la Junta no solo lo va a recurrir, ha dicho la consejera, sino que va a pedir su suspensión cautelar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie "para que los contribuyentes no se vean obligados a afrontar el primer pago".
Ha añadido que el impuesto establecido por el Gobierno infringe el Estatuto de Autonomía, porque debería haberse aprobado en forma de ley orgánica, así como el procedimiento parlamentario, porque "se ha hecho vía enmienda de una proposición de ley y se cercena el derecho de enmienda de los parlamentarios".
Tampoco está garantizada la seguridad jurídica, según España, ya que "no está justificada la retroactividad".
El impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas gravará durante dos años a los patrimonios superiores a 3 millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros y las mismas deducciones que el impuesto de patrimonio.
De hecho, el nuevo impuesto será deducible en el de patrimonio autonómico, por lo que afectará especialmente a los contribuyentes de las regiones que lo tienen bonificado.
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