La secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, presentó ayer en los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo su recurso en el que pide la suspensión de la sanción de de dos años de empleo y sueldo impuesta por el Ministerio de Justicia por su actuación en la tramitación de la condena al presunto asesino de la niña Mari Luz Santiago del Valle, por abusar de su propia hija.
Según explicó a Europa Press el abogado Ramón Entrena, autor del recurso, éste recoge el trabajo de la secretaria y lo defiende empleando "todos los argumentos" a su alcance pero "sin pedir ni hacer nada que afecte a ningún tercero". Entrena no quiso detallar los fundamentos del texto pues no quiere que el juez, que recibirá la demanda en unos días, conozca los argumentos de ésta por los medios de comunicación.
"Si yo fuera el magistrado al que le llega la demanda y ya la hubiera leido por la prensa le pondría un cero a la secretaria y a su abogado y yo no quiero ceros para mis clientes", señaló Entrena, quien confió en que en unos siete días los argumentos contra la sanción a la secretaria ya se puedan hacer públicos.
El ministerio que dirige Mariano Fernández Bermejo impuso a Gálvez el pasado mes de octubre una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones y errores" que le llevó a un "grave incumplimiento de sus deberes profesionales".
A pesar de que el instructor del expediente de la secretaria había propuesto que la suspensión fuera de seis meses de suspensión, Justicia argumentaba la de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria". "Tanto la naturaleza de las penas impuestas, cuya ejecución se dilató de manera indebida, como los hechos que motivaron la condena, requerían de un especial celo en la tramitación", señaló entonces este departamento.
Tras conocer la sanción, Gálvez defendió que había desempeñado sus funciones "con absoluta dedicación y empeño", a pesar de "las dificultades" que producen las "carencias de medios materiales" y de que los funcionarios judiciales trabajan "con unas organizaciones caducas y unas leyes obsoletas".
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