Lo han anunciado hoy el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, y el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, que no han podido concretar los daños causados por las inundaciones en Andalucía, ni los pueblos más afectados, pues "aún hay muchos, sobre todo en la agricultura", según el representante estatal, que no han podido evaluarse, y no se sabrá "hasta que acabe todo el proceso".
Han dicho en rueda de prensa que debe completarse el proceso para conocer la cifra exacta de daños con la ayuda de las diputaciones y los ayuntamientos, pero el objetivo es "acelerarlo al máximo y tener un informe conjunto a la mayor brevedad posible", con el fin de coordinar actuaciones para paliarlos y "restablecer la normalidad".
Según el delegado, mañana se constituirán las ocho comisiones provinciales de seguimiento, si bien ya tienen una "primera idea muy aproximada para concretar cuál es la situación de cada provincia, pero tiene que definirse en un informe claro y único que delimite qué competencias son de cada administración, en aras de la rapidez y la eficacia".
Pizarro ha dicho que, tras las dos reuniones presididas por José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán, "se están poniendo en marcha todos los medios y recursos económicos para empezar a resolver los daños cuantiosos que ha sufrido Andalucía", los más graves" en las cuencas del Guadalquivir (Jaén, Córdoba y Sevilla), Guadalete (Cádiz), Guadalhorce (Málaga) y Guadiana (Huelva).
El consejero también ha incidido en que los municipios andaluces podrán utilizar los fondos destinados al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) en 2010 para paliar los daños ocasionados por el temporal, que ha provocado "importantes daños" en viviendas, enseres y mobiliario, la agricultura, carreteras provinciales e infraestructuras y equipamientos locales.
Esta comisión mixta regional ha considerado esencial la inclusión de estas obras en el Proteja, plan en el que estas actuaciones serán prioritarias frente a cualquier otra acción que pueda plantear el municipio.
También se ha fijado como prioridad identificar a los municipios en los que, como consecuencia del temporal, se han producido pérdidas de peonadas; así como permitir la presentación de solicitudes de las personas y entidades afectadas por el temporal en los registros municipales para agilizar su tramitación y cobro.
Ambos responsables han añadido que otro de los objetivos "inmediatos" es la aplicación de la Ley 3/2010, que permitirá la recuperación de las carreteras provinciales dañadas por el temporal, así como habilitar indemnizaciones para los titulares de las explotaciones agrarias y ganaderas.
El titular de Gobernación ha subrayado que su Consejería otorgará además subvenciones excepcionales a los ayuntamientos afectados para sufragar los gastos extraordinarios que les está suponiendo afrontar la limpieza y la reposición de las infraestructuras municipales, además de para la manutención y alojamiento de las personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas.
Además de asegurar sobre las acciones ya realizadas por las administraciones que "más rápido no se puede responder", ha dicho que también trabajan para "restablecer la normalidad" las consejerías de Obras Públicas, Agricultura y Medio Ambiente con medidas directas en infraestructuras viarias, caminos rurales y cauces fluviales.
De este modo, según Pizarro, la Junta ejecuta ya acciones por valor de 127 millones de euros, mientras que la recuperación de las playas andaluzas ya se ha empezado a ejecutar con cargo al Estado.
Por otro lado, el Gobierno central concederá subvenciones a familias afectadas por el temporal a través del Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo, además de haber aprobado la Ley 3/2010 de 10 de marzo de medidas urgentes para paliar los daños registrados.
A la reunión también han asistido las directoras generales de Protección Civil del Estado, Pilar Gallego, y de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial, Soledad Castellanos, así como el viceconsejero de Gobernación, José Antonio Gómez Periñán, y los ocho delegados del Gobierno de la Junta, y los ocho subdelegados del Ejejutivo central.
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