Durante las cuestiones previas del juicio, que comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Málaga, el abogado Horacio Oliva señaló que el registro de las cuatro sedes del bufete fue desproporcionado y que se violaron también otros derechos al desvelarse el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente.
Oliva criticó la instrucción del caso y aseguró que se ha efectuado "una investigación meramente prospectiva" que ha partido de "hipótesis de trabajo de la Policía".
Cuestionó la relación de Del Valle, en libertad bajo fianza de 600.000 euros tras pasar siete meses en prisión, con el resto de acusados y dijo que ésta consiste simplemente en que constituyó una sociedad para un cliente relacionado presuntamente con la trama.
La defensa de Del Valle criticó que el caso haya "adelgazado" y que en un principio se hablase de 250 millones de euros supuestamente blanqueados y ahora la Fiscalía acuse a su cliente de haber limpiado doce millones de euros, por lo que la "ballena blanca" es ahora un "chanquete blanco", dijo.
Los abogados defensores del resto de acusados -diecinueve en total- que comparecieron ayer han basado sus discursos en la vulneración de los derechos de defensa.
El letrado José Carlos Aguilera, que defiende a uno de los acusados, señaló a su entrada a los juzgados que "hubo extralimitaciones durante la investigación policial y se efectuaron detenciones que "nunca se debieron de producir".
Aguilera apeló a luchar contra la corrupción y el crimen organizado, pero "respetando las reglas", ya que hubo detenciones que "no se justificaron ni fueron necesarias".
El juicio del caso Ballena Blanca, el primero de los "macrojuicios" que acogerá este año la Ciudad de la Justicia de Málaga, comenzó ayer con algo más de una hora de retraso y está previsto que se prolongue unos seis meses.
La operación se destapó en marzo de 2005 con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades por su presunta implicación en una red que supuestamente había blanqueado en Marbella más de 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.
Entre otros fueron detenidos el titular del bufete "Del Valle Abogados", Fernando del Valle, a quien se considera el "cerebro" de la red, y tres notarios.
Del Valle se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de prisión y 37 millones de euros de multa, acusado de blanquear 12 millones de euros.
Según la Fiscalía, el abogado diseñó un entramado internacional de sociedades con conexiones en Turquía, Finlandia, Argelia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos y el propio imputado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
El escrito de acusación mantiene que algunas de esas sociedades supuestamente se emplearon para el blanqueo de fondos económicos de origen ilícito por parte de varios de los procesados, clientes del despacho de Del Valle, entre los que figuran individuos relacionados con grupos criminales organizados.
En la actuación policial se practicaron registros domiciliarios en Alicante, la zona de Sotogrande en San Roque (Cádiz) y en Estepona, Marbella y Mijas (Málaga) y se intervinieron judicialmente fincas en la Costa del Sol y más de cuarenta vehículos de alta gama.
La investigación del caso ha contado con la colaboración de jueces y fiscales de otros países, entre ellos Francia, Holanda, Rusia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
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