La vista comenzará con las cuestiones previas, a las que seguirán, en los días sucesivos, las declaraciones de los acusados, de los testigos y las pruebas periciales propuestas por las distintas partes; mientras que concluirá con las conclusiones finales. Se ha previsto que las sesiones se celebren de lunes a viernes, estimándose una duración máxima del juicio de seis meses.
Se han acreditado para seguir el juicio 176 personas, entre redactores, fotógrafos, operadores de cámara, técnicos y productores. En total, son 25 los medios de comunicación, tanto locales, como regionales y nacionales, de prensa, radio y televisión, que están acreditados para cubrir este juicio.
Para la Fiscalía Anticorrupción, encargada de la investigación de este caso junto al Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, los hechos constituyen delitos de blanqueo de capitales, algunos de carácter continuado; contra la Hacienda Pública; falsedad documental, también continuados, y falso testimonio.
El principal acusado es el letrado Fernando Del Valle, al que el fiscal acusa, en sus conclusiones iniciales, a las que tuvo acceso Europa Press, de 141 delitos de falsedad de carácter continuado, de 13 de blanqueo de capitales, de tres contra la hacienda pública y de uno de falso testimonio.
Para este acusado, se estima que la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo asciende a la suma de 12 millones de euros y se señala que el letrado había creado "una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio" y había diseñado un "entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda español2, con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.
Según se recoge en el escrito de conclusiones provisionales, el propio abogado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría residenciadas en el estado norteamericano de Delaware y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. No obstante, el número de sociedades que éste o su despacho gestionaban, tanto españolas como extranjeras, se eleva a 523.
FORMA DE ACTUAR
El ministerio público concluye que el despacho de Del Valle se especializó en dar a sus clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España. De hecho, la finalidad perseguida con la constitución de las mercantiles aparecía en la página web de la firma. El sistema consistía en crear sociedades de responsabilidad limitada en España, cuyos socios serían, de un lado, una persona jurídica extranjera, y de otro, una persona física española.
Por lo general, la persona jurídica extranjera era, a su vez, una sociedad constituida en el Estado de Delaware, que, "aunque formalmente no es un paraíso fiscal, posee una legislación muy permisiva en materia de constitución de sociedades, de modo que en la práctica puede asimilarse a la situación que concurre en los paraísos fiscales en cuanto a la opacidad respecto de los últimos beneficiarios y dueños de la inversión", señala la acusación.
La sociedad de Delaware, que aparece representada por Del Valle, es la que ostenta el 99 por ciento de las participaciones de la nueva sociedad española que se constituye, mientras que el uno por ciento restante corresponde a la persona física española que concurre al acto de constitución, casi siempre una de las empleadas de confianza del principal acusado, que también está acusada.
Pero, según relata el fiscal, el letrado, además, "va a ofrecer a sus clientes la posibilidad de un servicio integral llevando él personalmente o a través de personas de su confianza la propia gestión del patrimonio". La investigación puso de manifiesto "la existencia de un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos" y que están relacionados presuntamente "con grupos criminales organizados o que han cometido delitos graves".
Esta condición de tales clientes "era perfectamente conocida, en algunos casos, por Fernando del Valle, así como por sus colaboradores más próximos, lo cual no impidió que se prestaran a colaborar con ellos tanto en la constitución de esas sociedades, usadas a modo de tapadera, para ocultar la procedencia delictiva del dinero invertido en España, de modo que formalmente no pudieran vincularse los fondos con su verdadero dueño, como en la propia gestión de los fondos ilícitamente invertidos".
En el escrito de conclusiones iniciales, el fiscal Anticorrupción relata las supuestas relaciones del despacho con clientes, acusados en este caso, así como las investigaciones llevadas a cabo, en la mayoría de los casos a través de comisiones rogatorias, sobre los antecedentes o actividades supuestamente delictivas de éstos.
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