La presencia de amianto, en construcciones de todo tipo y con bastantes años encima, es una evidencia. El carácter cancerígeno de este producto, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un carcinógeno de primer grupo, también es otra. Que desde finales del siglo pasado se ha venido reconociendo en la legislación la prohibición de su fabricación y por ende su comercialización para usos humanos, es un hecho. Que la Junta de Andalucía, en 2016, planificó la retirada del amianto de Centros Educativos andaluces, es otro hecho. Y si esto es así ¿Por qué a finales de 2022 aún hay centros educativos que lo mantienen? En la babélica internet es posible encontrar multitud de referencias sobre este nocivo producto que se denomina de varias maneras: Amianto, Asbesto o Uralita. Esta última denominación fue de las más utilizada, hasta no hace mucho, para identificar al contaminante cancerígeno. Una empresa creada en 1907, ¡ya ha llovido!, adoptó ese nombre en 1920 (hace un siglo) y desde entonces importó y fabricó lo que se denominaba “fibrocemento”. Grandes fortunas invirtieron en esta empresa que en 1962 llegaba a contratar a 5000 personas trabajadoras, siendo su principal accionista Joan March hasta 1992, diez años antes de que se prohibiera la fabricación de la “uralita” en 2002. Para más información conviene leer un interesante artículo titulado “El Grupo March se desprende de su participación en Uralita” de Miguel Ángel Noceda. Autor solvente y corresponsal de un importante periódico, obtuvo el Premio de Periodismo económico de la Asociación de Periodistas Europeos. Es autor de varios libros sobre economía y empresas en España. Uno de ellos, publicado en 2016, junto a 3 exministros de economía, Solchaga, Solbes y De Guindos, titulado “Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia”. También relacionado con el amianto aparecer el caso del conocido periodista y presentador de radio y TV, José María Iñigo, fallecido en 2018. Desde que fue diagnosticado en 2016 solicito se reconociera su grave afección pulmonar como enfermedad profesional, por la exposición al amianto en estudios de RTVE durante años. Llevada esta pretensión a tribunales, el Juzgado de los social n 2 de Madrid falló reconociendo el derecho a la pensión de viudedad de la esposa de José María Íñigo, derivaba de enfermedad profesional debido a la exposición del presentador al amianto durante su relación laboral con Radio Televisión Española (RTVE). ¿Un precedente? ¡va a ser que no!, ya que la Seguridad Social y el ente RTVE recurrieron esta sentencia, ganando el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en noviembre de 2021. El recurso de casación presentado por la viuda ante el tribunal supremo ha sido desestimado confirmando la sentencia del TSJM. Coincidiendo con el diagnóstico de la enfermedad de D. Jose María Iñigo, en 2016, la agencia (EFE), el 26 de mayo de ese año, informa “El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado en su reunión de hoy la demolición de los actuales estudios 10 y 11, afectados por amianto y clausurados desde 2011 como consecuencia del riesgo que presentaban para la salud de los trabajadores.” En esta demolición se perdieron o se “encapsularon” por estar contaminados de amianto, miles de prendas de vestuario histórico de RTVE, utilizadas en multitud de programas televisivos, entre ellas el traje de Espinete. En 2019, la entonces administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, puso en marcha la 'operación desamiantado', tras conocer una auditoría encargada que concluyó: "Las instalaciones de los almacenes S/072 y S/073 y de los verticales en la Casa de la Radio están afectadas por la presencia de amianto proyectado (flocage)". En esas fechas hace 3 años se publicaban otras noticias relacionadas como, por ejemplo: Defensa, obligada a indemnizar a once militares víctimas del amianto en buques. Metro de Madrid destina 2,4 millones a retirar amianto tras morir dos operarios. La Justicia da un paso más e indemniza a familiares de fallecidos por el amianto…
Miles de personas trabajadoras han estado expuestas muchos años al contaminante amianto. ¿Qué ha ocurrido en los centros educativos, donde se ha detectado la presencia de este peligroso producto? En un artículo firmado por Nadia Bouadi, secretaria de comunicación de CGT Enseñanza Andalucía, se hace un recorrido por esta historia inacabada desgraciadamente. “En menos de un mes, el próximo 31 de diciembre, finaliza el Acuerdo de 5 de julio de 2016, publicado en el BOJA n.º 132 de 12 de julio, para la retirada del amianto de los centros educativos. De su partida presupuestaria —60 millones de euros—, hay aún casi treinta millones que no se han gastado.” La VI fase, y última, de este Acuerdo, que aparece en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía corresponde al año 2021. Concretamente en el apartado de Planes y Programas, correspondientes a los Planes de Infraestructuras Educativas, que detalla un total de 395 actuaciones con una estimación aproximada de algo más de 30 millones de euros incluidos en las fases I a VI entre los años 2016 al 2021. La respuesta de Consejería de Educación, a preguntas formuladas en el Parlamento Andaluz, es que sólo se han llevado a cabo 318 actuaciones por lo que de lo previsto en 2021 faltarían más de 80 centros afectados. Y alguien puede pensar: Si el edificio Torre Triana de Sevilla sede de 3 Consejerías de la Junta, o en Palacio de San Telmo sede el gobierno andaluz, se hubiera diagnosticado la presencia de Amianto ¿se habría retirado ya? Evidentemente las enormes preocupaciones, de quienes se dedican a la política en general, distraen de “pequeñas” actuaciones que, por cierto, nada de proyección mediática tienen. El presidir un derribo de unas instalaciones o rodearse de operarios enfundados en sus trajes EPIC, con máscaras especiales por la toxicidad del producto, o incluso exponerse, aunque sea un instante, no parece muy oportuno mediáticamente hablando. ¿Inutilidad, olvido…? No es posible formular una excusa. Los políticos hacen las leyes, aprueban los presupuestos, contratan las actuaciones, si todo esto no funciona es porque evidentemente, no están en esto de garantizar la salubridad de los establecimientos escolares que aún contienen amianto.
Fdo Rafael Fenoy Rico
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