El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) con el objetivo de actualizar, "modernizar y simplificar" la ordenación del territorio y completar la revisión urbanística iniciada hacer tres años para "reducir el atasco" urbanístico.
El decreto del reglamento, entrará en vigor en veinte días, aunque tendrá que se convalidado en el Parlamento, completa la revisión del marco normativo de ordenación del territorio y urbanismo iniciada hace tres años para reducir la "maraña" normativa y el atasco urbanístico que, según el Ejecutivo, ha lastrado el desarrollo de los municipios andaluces.
La medida contribuye a los objetivos de la LISTA de simplificar el marco jurídico, aporta un reglamento de disciplina y refuerza la seguridad jurídica del cuerpo normativo que es la base para el desarrollo territorial y urbanístico de Andalucía, ha sostenido en rueda de prensa la consejera de Fomento, Marifran Carazo.
Entre las principales novedades, el reglamento crea las Entidades Urbanísticas Certificadoras, un nuevo instrumento de colaboración público-privada para dar soporte a los ayuntamientos.
Estas entidades podrán colaborar con las administraciones locales en la labor de verificación y control, lo que permitirá a los ayuntamientos tramitar las licencias, declaraciones responsables o inspecciones técnicas con mayor agilidad, lo que "redundará en la dinamizar" la actividad económica.
También incorpora la figura del agente urbanizador como mecanismo de colaboración público-privada y de los instrumentos de gestión en el suelo urbano.
La normativa concreta las condiciones que dan lugar a la formación de nuevos núcleos de población y los parámetros que posibilitan la implantación de viviendas unifamiliares que no están vinculadas a otras actuaciones del suelo rústico.
No obstante, especifica el régimen de las actuaciones de transformación urbanística en las dos clases de suelo establecidas por la LISTA: el suelo urbano y el suelo rústico.
En este sentido, la consejera ha aclarado que permite atender con "agilidad" las necesidades de transformación en las ciudades y de desarrollo de nuevos crecimientos, lo que su juicio favorecerá la actividad económica en el mundo rural y evitará la despoblación.
Respecto a los criterios de sostenibilidad, establece una regulación de las reservas dotacionales que garantiza las necesidades de la ciudadanía "sin incrementar" el coste del suelo y permite adaptar los usos de los equipamientos en función de las demandas que en cada momento deban atenderse.
No obstante, garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida en los municipios que tengan una demanda efectiva.
Además, se fijan los instrumentos de disciplina territorial, competencia de la comunicación autónoma, con los de disciplina urbanística, que corresponde al ámbito municipal y que se desarrollará en base al principio de colaboración.
Carazo ha destacado que el marco procedimental "claro y sencillo" garantiza el "éxito" de los procedimientos sancionadores y ha precisado que este año se han iniciado expedientes que afectan a 343 edificaciones ilegales y 644 parcelas, en su mayor parte precintadas, tras el trabajo desplegado por los 26 inspectores que tiene la Junta.
Asimismo, el reglamento de la LISTA avanza en la regulación de la figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), así como la tramitación de planes especiales de adecuación ambiental y territorial para minimizar el impacto de las agrupaciones de edificaciones irregulares prescritas, unas 300.000 en la comunidad.
Sobre la instalación de plantas solares, fuentes de la Consejería han explicado que pasa a tratarse como un actividad "ordinaria" del suelo rústico.
Además, el reglamento regula las casas cueva (unas 10.000), una novedad en el ordenamiento jurídico andaluz, que pretende establecer un marco común para que los ayuntamientos puedan conservar y mejora estos ámbitos, así como el desarrollo de nuevos usos para su puesta en valor.
La Ley para el Impulso de la Sostenibilidad de Andalucía se vio envuelta tras su aprobación en una negociación entre el Gobierno y la Junta de Andalucía al plantear el Estado dudas sobre una posible invasión de competencias básicas
Con el objetivo de evitar un recurso al TC, la Junta tuvo modificar 42 artículos, aunque aún queda pendiente otro recursos presentado por Unidas Podemos que, en opinión de la Junta, "ha perdido fuerza", por lo ha pedido un "paso atrás" y su retirada.
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