El órgano de gobierno de los jueces se pronuncia así acerca de las “informaciones, comentarios y opiniones” que políticos españoles y extranjeros han expresado en los últimos días acerca de las causas que el Tribunal Supremo sigue contra el juez Baltasar Garzón y del auto en el que su compañero Eloy Velasco apuntó indicios de la cooperación de Venezuela con ETA y las FARC.
La declaración señala que los jueces y los tribunales españoles “cuentan, y contarán siempre, con todo el apoyo y defensa del Consejo General del Poder Judicial, como muy recientemente ha puesto de relieve el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar”.
Afirma, además, que “el desarrollo de la función judicial precisa de un sereno clima para su más adecuado ejercicio” y que ese clima “resulta difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los Jueces en su conjunto, provocando la desconfianza en un Poder básico del Estado”.
“Por todas las expresadas razones, el CGPJ entiende indispensable que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso”, añade el texto.
Entre los políticos que han opinado este pasado fin de semana sobre asuntos judiciales se encuentran el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los ministros de Justicia y de Fomento, Francisco Caamaño y José Blanco, y el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro.
Zapatero destacó la “valentía” de Garzón contra ETA, Caamaño y Blanco criticaron que se permita al presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, querellarse contra el juez, y Maduro vinculó a Velasco con el franquismo y con el PP, del que dijo que tiene sectores ultraderechistas.
REACCIÓN DESDE EL CGPJ
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, manifestó ayer que este órgano está seguro de que las manifestaciones del presidente del Gobierno sobre el juez Garzón “no van a influir en la legítima labor” del Tribunal Supremo.
“Respetamos plenamente las declaraciones del presidente del Gobierno y de todos los ciudadanos, pero estamos seguros de que ni éstas ni las de nadie van a influir en la legítima labor jurisdiccional que desempeña nuestro más alto tribunal”, subrayó la portavoz.
Asimismo, Bravo ha precisado que la declaración institucional del Consejo, en la que exige “el máximo respeto, nacional e internacional” a la independencia judicial, va dirigida “a toda la sociedad” y es para recordar que los jueces y magistrados “actúan con el máximo rigor” y “aplicando siempre el principio de legalidad”.
Según dijo, el órgano de los jueces “respeta y entiende” que las resoluciones judiciales que no se comparten “estén sometidas a la sana crítica” por parte de responsables políticos, que al igual que el resto de ciudadanos, pueden ejercer “el derecho a la libertad de expresión”.
No obstante, las declaraciones que “van más allá del legítimo derecho a la libertad de expresión y constituyen un ataque contra instituciones tan básicas como el poder judicial, son intolerables”.
Todas las críticas que “exceden” la libertad de expresión “atentan directamente contra el Estado de Derecho”, reiteró la portavoz.
Por otro lado, el CGPJ estudiará hoy el escrito en el que Baltasar Garzón reclama que tres vocales de este órgano se abstengan de participar en las deliberaciones sobre su suspensión y pide que, caso de no hacerlo, se tramite su recusación.
Según fuentes del Consejo, la comisión permanente –de la que forma parte Margarita Robles, una de las vocales cuya abstención pide Garzón– tomará en su reunión de hoy una decisión al respecto.
En su escrito de alegaciones, en el que reclama al CGPJ que no le suspenda cautelarmente de sus funciones mientras el Supremo tramita varias querellas contra él, Garzón también pide la abstención del vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, y de la vocal Gemma Gallego.
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