Fuentes judiciales precisaron a Europa Press que el auto, que será notificado hoy a las partes personadas en la causa en tanto se procede a la digitalización de los documentos sobre los que se ha levantado el secreto sumarial, hace referencia en su totalidad a escuchas telefónicas practicadas desde que se judicializó la investigación iniciada en 2007 por la Fiscalía Anticorrupción. La juez Montserrat Peña ha ordenado, no obstante, la prórroga del secreto sobre los informes policiales que desembocaron en la intervención del Ayuntamiento ejidense el 20 de octubre del pasado año.
La citada conversación fue una de las pruebas sobre las que giró la declaración que, de forma voluntaria, prestó Enciso ante la magistrada el 30 de diciembre y que, a la larga, no hizo que ni juez ni fiscal optasen por modificar su situación procesal. El regidor ejidense continúa en prisión incondicional después de que se le haya denegado la concesión de la libertad provisional en hasta dos ocasiones si bien a mediados de febrero era transferido al centro penitenciario de Albolote, en Granada.
De momento, ni las defensas ni la acusación popular, que de momento ejerce el PP después de que la juez instructora exigiera el pago de una fianza de 18.000 euros, han tenido acceso a los 20 tomos, con alrededor de 16.000 folios de contenido, ya que éstos permanecen en sede judicial a la espera de que, con medios de la delegación provincial de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, se proceda a digitalizarlos para su entrega en 'pen-drive'.
El auto dictado el pasado jueves termina parcialmente con el secreto decretado hace 11 meses para unas diligencias incoadas por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental entorno a cinco núcleos familiares y empresariales con ramificaciones en Sevilla y Madrid al estimar el recurso de reforma interpuesto contra la última prorroga por parte del bufete 'Lealtadis Abogados', que ejerce la defensa de hasta nueve imputados.
Junto a Enciso y al empresario madrileño, Juan Antonio Galán, continúan en prisión incondicional el también empresario José Amate, considerado el presunto cabecilla de la citada rama sevillana. Figura como apoderado de las subcontratas Arborimar y Maviroad, vinculadas a Elsur, clave en la red de empresas. Junto a él fueron detenidas su mujer y sus dos hijas -en libertad con cargos-, así como su hijo y sus dos yernos, quienes eran puestos en libertad en enero tras satisfacer fianzas de 50.000 euros.
Galán, encarcelado en octubre de 2009, era arrestado también junto a su esposa y a su hija, en libertad con cargos. Figura como administrador de otras tres subcontratas de Elsur: Jardines del Alcor, Jardines de Poniente y Lobelia Gestión. En la misma situación se encuentra el ex interventor municipal ejidense José Alemán, quien era detenido junto a su hermano y su esposa, la funcionaria municipal Isabel Carrasco, en libertad provisional tras satisfacer una fianza de 90.000 euros.
La operación 'Poniente' se saldó en una primera fase con la detención de un total de 20 personas, entre ellas la esposa, cuñado e hija del alcalde de El Ejido además de familiares directos de los principales imputados por la presunta trama de corrupción municipal. En diciembre, la Policía Nacional detenía a los tres hermanos propietarios del Grupo Lirola, a quienes se imputó la presunta comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias también por su relación con Elsur y quienes eludieron la prisión tras el pago de sendas fianzas de 50.000 euros.
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