La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considerado este viernes “absurdo” que se vincule la reforma del delito de sedición con contraprestaciones para obtener respaldos a los Presupuestos Generales del Estado y ha defendido la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por "favorecer la convivencia” en Cataluña.
En declaraciones a los medios antes de participar en la V Jornadas Nacionales de Periodismo en San Fernando (Cádiz), Montero ha dicho que “nada tiene que ver" con la aprobación de las cuentas de 2023 el empeño del Gobierno de reunir las condiciones necesarias para una situación de entendimiento en Cataluña.
“El Gobierno de España podía haber prorrogado sus presupuestos porque este es el último mandato, así que hablar de contraprestaciones por conseguir apoyos a estas cuentas es absurdo”, ha insistido la ministra, quien ha recordado que la crisis de convivencia en Cataluña por el independentismo que se vivió en 2017 cuando gobernaba en España el PP.
“En 2017 Cataluña sufrió una crisis de convivencia que obligaba a la política a restablecer el clima de normalidad, y el presidente Pedro Sánchez siempre ha planteado que el Gobierno desarrollará actuaciones dirigidas a incrementar el clima de diálogo”, ha defendido.
En su opinión, lo que hoy se vive en Cataluña "en nada se parece" a la situación que heredó el PSOE en 2017 con "revueltas en la calle, referéndum o declaraciones de independencia", por lo que ha afirmado "sin ningún tipo de matices que respiramos un mayor clima de diálogo y convivencia”.
La ministra ha comparado la intención del Gobierno de Sánchez con las estrategias de “confrontación y polarización” que, aún hoy, siguen manteniendo el PP, Carles Puigdemont o Junts Per Cataluña, ha subrayado.
“Parece que sacan más rédito electoral con el enfrentamiento o la demonización del otro”, ha asegurado la ministra, quien ha comparado la actitud del PP ahora con la que tuvo el PSOE de apoyo al Gobierno de Rajoy en 2017.
Montero ha esgrimido que la reforma del delito de sedición, que ha pasado de 15 años de pena a cinco, es una “europeización u homogeneización de este delito” con el resto de países vecinos, y ha remarcado que el Gobierno seguirá trabajando en esta senda de "fomento del diálogo y convivencia" en Cataluña.
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