Estos datos los expuso hoy la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, en una rueda de prensa para presentar el mapa de recursos en materia de violencia de género que cuenta con más de 1.800 medios y que informa de todos los centros, entidades y servicios públicos y privados para atajar los malos tratos contra las mujeres.
También dio cuenta del balance de denuncias, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, y que ponen de manifiesto que el 41 por ciento de las mujeres atendidas en los centros de acogida eran inmigrantes en los primeros nueve meses de 2009, un 1,1 por ciento más que en 2008.
La consejera aprovechó para transmitir a todas las inmigrantes que tienen los mismos derechos que las mujeres españolas con independencia de están regularizadas o no en España.
El índice de renuncia general tras presentar una denuncia es del 0,12 por ciento, si bien una vez que se presenta la fiscalía actúa de oficio, en el caso de retirarla.
Según el balance, el 64 por ciento de las mujeres que denunciaron tenían entre 21 y 40 años, lo que indica, según Micaela Navarro, que no se soportan los malos tratos durante muchos años, y los agresores tenían en su mayor parte más de sesenta años.
Entre enero y septiembre del año pasado los tribunales dictaron 3.177 condenas por violencia machista (2.442 de los condenados eran españoles y 735 extranjeras) frente a 4.463 en todo el año 2008, y se emitieron 4.206 órdenes de protección.
La consejera ha sostenido que el hecho de que se presentaran muchas más denuncias que sentencias condenatorias no quiere decir que se trate de denuncias falsas y ha afirmado que poner en entredicho el número de denuncias falsas "deja en mal lugar al ámbito judicial que trabaja de forma magnífica para proteger a las mujeres".
De las dos mujeres asesinadas en Andalucía en lo que va de 2010 ninguna había presentado denuncia previa y de las que catorce que murieron el año pasado a manos de sus parejas sólo una la había interpuesto, lo que la consejera achacó al miedo de las víctimas.
En cuanto a la protección a las víctimas, 2.363 personas fueron atendidas en 2009 en los centros de acogida dependiente de la Junta de Andalucía (1.115 mujeres y 1.248 menores a su cargo), y en torno a un nueve por ciento de las mujeres presentaban algún problema añadido de violencia, relacionado con adicciones o salud mental, entre otros.
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social ha informado de todos los recursos con los que cuentan en Andalucía las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas y que se recogen en el mapa que contienen 1.844 recursos, de los que 677 son de atención integral y 640 son de ámbito municipal, entre los que se incluyen los centros de información locales.
Otros medios puestos a disposición de las víctimas son centros de orientación, teleasistencia, equipos especializados de las Fuerzas de Seguridad del Estado, juzgados específicos y centros de acogida, pisos tutelados y atención psicológica, entre otros.
Este mapa de recursos, según la consejera, es muy útil para los profesionales que tienen que decidir una vía para dar respuesta a una situación de violencia machista y, además, está organizado por provincias y por municipios.
Libre con cargos el edil de Otura
Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe dejó ayer en libertad con cargos al concejal de Otura detenido el jueves por presuntas amenazas e insultos contra su mujer, que lo denunció, y le ha impuesto, como medida cautelar, la prohibición de acercarse o comunicarse con ella.
El edil, que es concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del municipio granadino, está imputado por la presunta autoría de un delito de insultos y amenazas, informaron a Efe fuentes judiciales.
Se trata de Eduardo Anguita, del Grupo Independiente por Otura (GIO), cuya causa se tramitará por diligencias urgentes con la celebración de un juicio rápido aún por fijar.
El edil permaneció desde el jueves en dependencias de la Guardia Civil, donde se personó tras haber sido requerido telefónicamente ante la denuncia interpuesta en su contra por su mujer por presuntos insultos y amenazas, uno de los apartados incluidos en el delito de violencia de género.
El edil es uno de los tres concejales de la formación independiente GIO que gobiernan en Otura en coalición con el PP, partido al que perteneció durante 23 años y que llegó a querellarse contra él por delitos de estafa, apropiación indebida y malversación al haberse supuestamente quedado con más de 2.000 euros de la venta de la lotería de navidad del partido, causa que fue archivada.
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