El Ayuntamiento de La Línea llevará al Tribunal Supremo el rechazo del Gobierno de España a la consulta popular que el Consistorio pretendía realizar a los ciudadanos para preguntarles si apoyan que La Línea se convierta una ciudad autónoma como Ceuta o Melilla.
El alcalde, Juan Franco, ofreció ayer una rueda de prensa para mostrar su descontento con la desestimación del Gobierno Central a esta consulta. Consideró que “esto no es una derrota” y criticó que esta ciudad se haya convertido en “una cloaca para el Gobierno”.
Para el regidor es la única salida que tiene La Línea para prosperar. En esta línea, Franco denunció la falta de inversiones, la obstaculización del puerto o la escasez de planes de formación y empleo en una ciudad con más de 9.400 desempleados.
“Vamos a seguir trabajando y apostando por la mejora de los servicios y de la imagen de nuestra ciudad”, explica Franco. Durante la rueda de prensa, el primer edil criticó el abandono del Gobierno Central a esta ciudad asegurando que falta medidas económicas y sociales para que La Línea prospere.
“No hay previsión de inversiones, tenemos carreteras tercermundistas, faltan cuestiones medioambientales… somos la parte más maltratada de la nación”, denuncia el alcalde. Franco aseguró que no se trata de "victimismo" ya que "somos el municipio español de más de 50.000 habitantes con menor nivel de renta, mayor tasa de desempleo, con menor esperanza de vida -una media que no llega a ochenta años-, una incidencia de cáncer superior a la media… Y el Estado español no toma medida alguna", insistió.
Por otro lado, lamentó que "se oye hablar de la singularidad de La Línea, pero el Estado anunció en noviembre de 2018 a bombo y platillo un Plan Integral para el Campo de Gibraltar de mil millones, del cual para La Línea sólo venía un quinto juzgado". La resolución oficial de esta desestimación aún no ha llegado al Ayuntamiento. Sin embargo, los servicios jurídicos ya están trabajando para preparar el recurso contencioso-administrativo y llevar el caso al Tribunal Supremo para poder consultar a los vecinos si quieren que La Línea tenga un trato especial como el caso de Ceuta o Melilla, ciudades para las que el Gobierno ha destinado un paquete extraordinario de 711 millones de euros.
“Tenemos dos meses para acudir al Tribunal y adelanto que, en función de la respuesta que obtengamos, si fuera negativo estudiaremos nuevas vías. Solo queremos saber qué es lo que piensa nuestra gente”, explicó.
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