Este informe preliminar, elaborado por cuatro expertos en vigilancia radiológica ambiental de la Comisión Europea que el pasado 18 de septiembre llevaron a cabo una misión de verificación en la zona, fue comunicado ayer a los diputados de la comisión de quejas del Parlamento Europeo que investigan en Huelva las denuncias de grupos ecologistas y ciudadanos sobre la radiactividad de estos residuos.
"Los resultados (de la misión de los expertos) muestran que la contaminación permanece limitada a las proximidades de los frentes de inertizado, si bien se considera que se debe mantener el programa de vigilancia y las barreras para asegurar el confinamiento a largo plazo de la contaminación", explica el informe, recogido por EFE.
Este documento recuerda que un estudio elaborado por las Universidades de Huelva y Sevilla sobre estas balsas de fosfoyesos sostiene que "los valores de radón sobre las zonas rehabilitadas son equiparables al fondo natural, por lo que el eventual impacto radiológico en la población, así como en los trabajadores del entorno de las balsas, causado por los apilamientos de fosfoyeso está por debajo de los límites fijados en la normativa vigente".
El director técnico de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, y la subdirectora de Protección Radiológica Ambiental, Lucila Ramos, explicaron ayer este informe en Sevilla a los tres diputados de la Comisión de Quejas del Parlamento Europeo y a diversas autoridades españolas.
Los representantes del CSN informaron a los eurodiputados sobre los programas que se desarrollan en esta zona, "aplicando las normativas europea y española para mantener la protección radiológica tanto de la población como del medioambiente", según ha informado el organismo de seguridad nuclear.
Técnicos del CSN y de otros organismos mantienen actividades de vigilancia radiológica en estas balsas de fosfoyesos y en los terrenos del Centro de Recuperación de Inertes (CRI-9) situados en las marismas de Huelva.
El CSN supervisa estos programas de vigilancia, requeridos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como las inspecciones en las que se recogen muestras para su análisis en laboratorios independientes.
Los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos en la zona "son adecuados y eficaces", según las conclusiones preliminares de los cuatro expertos radiológicos de la Comisión Europea.
El informe definitivo de la misión se encuentra en proceso de remisión a la representación permanente de España en el Parlamento Europeo, según el CSN.
El artículo 35 de Euratom establece que cada miembro de la Unión Europa "debe crear las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas".
Asimismo, el citado artículo permite a la Comisión acceder a las instalaciones de control para verificar su funcionamiento y eficacia.
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