El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), José Luis Navarro, ha calificado este jueves de "muy prudente, ordenado y coherente" el plan de cierre de las centrales nucleares en España, que cuenta con un calendario que se inicia en 2027 y finaliza en 2035.
Durante si intervención en una charla-coloquio organizada por "El Día de Córdoba", Navarro ha señalado que en el caso de España, a "diferencia de otros países europeos", el calendario de cierre es el resultado de un "acuerdo" entre Enresa, el Gobierno y las cuatro empresas propietarias de las instalaciones.
Concretamente, Navarro ha indicado que Enresa "necesita planificar sus actividades de gestión de residuos radiactivos y los desmantelamientos", mientras que el Gobierno de España "tiene que planificar ante la Unión Europea como va a evolucionar su matriz de generación de electricidad" y a las empresas propietarias "les interesa también tener certezas para tomar sus decisiones empresariales".
Ha recordado que en marzo de 2019 "se produjo un acuerdo con las cuatro empresas propietarias" y se estableció un "calendario de cierre" que Navarro ha calificado de "muy prudente, ordenado y que es coherente con las previsiones de evolución de energías renovables y de almacenamiento de energía eléctrica".
"Lo que tiene que presidir cualquier decisión es el triple principio de la planificación, tener asegurado el suministro a precios competitivos, y la sostenibilidad ambiental", ha apuntado el presidente de Enresa.
Respecto a la gestión del combustible gastado de las centrales nucleares, Navarro ha indicado que “es necesaria una gestión intermedia” antes de la gestión final de estos materiales en un Almacén Geológico Profundo (AGP). La decisión sobre la forma de realizar esa gestión intermedia “hay que tomarla relativamente pronto en España", ha advertido.
En este sentido, durante su intervención ha aludido a los "dos modelos que existen en el mundo": Si bien España "inicialmente se había inclinado por el modelo de un solo almacén temporal centralizado" para los residuos de alta actividad, "ha habido obstáculo a la hora de materializar ese proyecto", debido a la "falta de consenso social, político e institucional para encontrar ese emplazamiento" temporal, ha explicado.
"Desgraciadamente no ha sido posible en España conseguir ese consenso", ha lamentado Navarro, por lo que la solución es "una alternativa que en otros países se está utilizando y que es igualmente segura", si bien es "algo más caro" y que consiste en un "almacén descentralizado en cada central nuclear".
Una decisión que Navarro entiende que se debería tomar "como muy tarde en 2023" en el marco del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos.
También ha asegurado que "en ningún caso" estos residuos llegarán al centro de almacenamiento de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril (Córdoba), cuyo futuro está planificado desde que "recibió su autorización de explotación en 1992".
"Se puede decir que no ha cambiado nada desde 1992" y los residuos que llegarán a las instalaciones cordobesas "son los que se autorizaron hace treinta años", que son "todos residuos de España, nunca de fuera, y nunca residuos de alta actividad".
La única "variable" en cuanto al cierre definitivo de El Cabril tiene que ver con "cuál sea la realidad final del calendario de desmantelamiento de las centrales nucleares", por lo que si éste se retrasara "llegaría el mismo volumen de residuos de muy baja, baja y media actividad, pero tardaría más tiempo en llegar" las instalaciones ubicadas en la Sierra Albarrana de Córdoba.
Finalmente, Navarro ha estimado que en la "década de los 50 estarán desmanteladas" las centrales nucleares y, si "se cumple este calendario", la "totalidad de los residuos" que tienen que llegar a El Cabril lo harán durante los próximos "treinta años", ha concluido.
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