Provincia de Cádiz

Destapada una trama provincial que emitía informes fraudulentos en centros médicos

La Operacion Medicis se salda con 17 investigados por emitir certificados de aptitud para permisos de conducir, licencias de armas o titulaciones náuticas

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  • Un agente en una inspección en un centro de reconocimientos -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Medicis', llevada a cabo a nivel provincial, ha investigado a 17 personas por la emisión de informes fraudulentos de aptitud psicofísica necesarios para la tramitación de permisos de conducir, licencias de armas, habilitaciones para vigilantes de seguridad, titulaciones náuticas o licencia de perros potencialmente peligrosos en la provincia de Cádiz.

En una nota, ha explicado que entre los investigados se encuentran directores, facultativos médicos y psicólogos pertenecientes a Centros de Reconocimientos. A los investigados se les imputan delitos de falsedad documental y estafa, y a varios de ellos se les suma el delito de intrusismo profesional.

Los hechos ocurrieron cuando los guardias civiles de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cádiz, unidad competente sobre la renovación u obtención de permiso de armas, así como la habilitación de personal de seguridad privada en el ámbito de guardería rural, observaron una serie de irregularidades en los Informes de Aptitudes Psicofísicas entregados por los interesados a ésta unidad que habían sido emitidos por varios centros de reconocimientos de la provincia gaditana.

En las primeras investigaciones practicadas se realizó un estudio minucioso de cientos de informes entregados a esta Unidad de Intervención de Armas y Explosivos necesarios para la tramitación de la diversa documentación sobre licencias, renovación y habilitación relacionados con armas, en los que se detectaron anomalías.

Estos hechos hicieron que los agentes realizaran numerosas inspecciones en centros de reconocimientos de la provincia como principales sospechosos por haber emitido dichos informes y que se convertían en el punto de mira de las primeras actuaciones.

Durante meses se realizaron complejos trabajos de investigación y vigilancia de los centros que permitieron, gracias al cuidado y esmero en las actuaciones de los agentes, detectar que en éstos centros inspeccionados habían realizado informes de aptitud sin que se hubieran practicado los correspondientes reconocimientos perceptivos que establece la ley, por parte de un facultativo colegiado en psicología y medicina.

En otros casos algunos de los investigados habían ejercido actos propios de una profesión sin disponer del título habilitante y en otros, los facultativos podrían haber dado su conformidad a supuestos exámenes sin haberlos realizado, ni siquiera, personalmente.

Además de esto, los guardias civiles desvelaron que tras declaraciones recogidas in situ a los clientes antes y después de entrar en los centros de reconocimiento, éstos manifestaban abiertamente que no habían sido reconocido por algunos de los facultativos obligados a estar presentes y que únicamente habían sido parcialmente examinados, ocultando patologías crónicas que poseían los interesados, las cuáles podrían dar lugar a la emisión de un informe de aptitud no apto o apto con restricciones.

Este tipo de prácticas podría dar lugar a una competencia desleal en cuanto a la facilidad de obtener los informes correspondientes sin limitaciones sobre otros centros que actúan de forma legal y tienen que aumentar el coste económico al cumplir rigurosamente con el personal obligatorio y proceso a seguir.

Por tales motivos se solicitó mandamiento de entrada y registro de varios centros de reconocimientos donde se realizaba la actividad delictiva, donde los guardias civiles encontraron abundante documentación que permitió la imputación de 17 personas en calidad de investigadas como presuntos autores de falsedad documental, estafa, atribuyendo además a varios de ellos el delito de intrusismo profesional, ya que emitieron un total de 28 informes de aptitud psicofísica fraudulentos, 12 inspecciones administrativas y 29 infracciones administrativas graves y muy graves.

Tras la finalización de esta fase de la operación, los agentes constataron que el 100% de los centros inspeccionados por toda la provincia gaditana habían cometido alguna negligencia en la emisión de numerosos informes.

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