El anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la autovía A-4 a su paso por la provincia de Córdoba, desde el límite de la provincia de Jaén y el límite de la de Sevilla, que fue aprobado provisionalmente mediante resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 23 de mayo de 2022, ha recibido un total de 17 alegaciones e informes durante el período de información pública y oficial.
Así se recoge en la repuesta que da el Gobierno, consultada por Europa Press, al diputado del PP Andrés Lorite, quien ha cuestionado por las entidades públicas y privadas que han presentado alegaciones al anteproyecto, así como por el horizonte temporal que prevé el Ejecutivo para la resolución de las referidas alegaciones presentadas.
En concreto, han presentado alegaciones la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; el Ministerio de Defensa; la Oficina del Cambio Climático, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; los ayuntamientos de Córdoba, Pedro Abab y Montoro.
También están la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en la provincia; la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta; la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Junta; la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa); la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH); el polígono de actividad territorial El Álamo SL; Enagas; Deinpe SL, y tres personas particulares.
Al respecto, desde el Gobierno explican que "en este momento se analizan las alegaciones e informes al objeto de confeccionar el informe de alegaciones de la Dirección General de Carreteras".
En este sentido, la aprobación definitiva del expediente de información pública sólo podrá producirse, en su caso, tras el envío del expediente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para realizar la evaluación ambiental del anteproyecto, que culminará con la emisión de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Por ese motivo, "en este momento no es posible precisar el plazo para la aprobación del expediente de información pública", apuntan desde el Ejecutivo.
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