Sociedad Gitana Española se ha personado como acusación en la investigación penal contra las personas que atacaron las viviendas de familias gitanas en Peal del Becerro (Jaén) y solicita para el alcalde de dicha localidad inhabilitación para ejercer cargo público y que se le imputen delitos de ocio, prevaricación y antigitanismo.
Según ha informado Sociedad Gitana Española en un comunicado, para los demás imputados por el caso a raíz del apuñalamiento mortal este verano de un joven de 29 años que trabajaba como portero de discoteca en dicha localidad también solicita que se le imputen delitos de actos terroristas por odio, hostigamiento, amenazas condicionales, injurias y calumnias, los cuales pueden acarrear penas de hasta 25 años de prisión.
El abogado contratado por esta entidad es un penalista español que ha llevado casos mediáticos como el de el ex dirigente del PP de Madrid Francisco Granado, el de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado o el chófer de Bárcenas en el caso Gürtel, según el comunicado.
De esta forma, Sociedad Gitana se persona en el procedimiento abierto por el juzgado penal 1 de Cazorla contra el grupo de personas que atacaron las viviendas de las familias gitanas en venganza por la muerte de un joven que trabajaba como portero de discoteca este verano.
En el escrito de acusación se solicitan "todas las declaraciones racistas, de odio, antigitanismio, amenazantes, calumniosas o injuriosas que se han vertido a través de los medios de comunicación y redes sociales por parte de personas concretas y específicas y desde distintas páginas de Facebook, entre los que se encuentra el alcalde de Peal de Becerro -David Rodríguez- en donde justificaba la violencia llevada a cabo y los actos de racismo debido a la crispación del pueblo”, según Sociedad Gitana.
También le denuncia por "ordenar tapiar dos de las viviendas pertenecientes a familias gitanas sin una orden judicial y por promover y publicitar una concentración a pocas horas del fallecimiento del portero la cual se convirtió en una manifestación ilegal que tuvo consecuencias en la comisión de graves delitos contra las familias gitanas".
Además, solicita que tomen medidas cautelares inmediatas de orden de alejamiento y prohibición de acercarse a las viviendas de familias gitanas, de los afectados y de Peal del Becerro contra "las personas imputadas ó sospechosas de haber cometido tales actos para que así las familias gitanas puedan regresar a sus hogares con total seguridad cuando estén sus casas acondicionadas y preparadas para entrar a vivir".
Asimismo, solicita la suspensión de todas las concentraciones en el Ayuntamiento de Peal de Becerro, "ya que cada vez que hay un acto de concentración las familias se sienten amenazadas y sufren hostigamientos, incluidos los niños y personas ancianas, quedando claro que si lo que quieren es pedir justicia para las personas fallecidas esas concentraciones deben efectuarles delante del palacio de justicia".
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