El taxi sigue luchando por una regulación justa de la actividad de los vehículos de transporte con conductor (conocidos como VTC). Ha sido un fin de semana de huelga en Málaga donde solo se han mantenido servicios mínimos a personas necesitadas, personas mayores, discapacitadas o con niños pequeños.
El sector vive la situación con miedo e incertidumbre en una semana en la que se debe aprobar un nuevo decreto de regulación donde, de momento, la Junta ha hecho caso omiso a sus propuestas. El conflicto entre las grandes plataformas como Uber o Cabify y los taxistas está en un punto muy caliente.
Los taxistas exigen a la Junta tres puntos muy claros: que los VTC no operen en los núcleos rubanos, solo en trayectos interurbanos; una proporción de un VTC por cada 30 taxis y que estos vehículos presten el servicio mediante precontratación de sus clientes con una antelación de 30 minutos. Son peticiones que, de momento, han sido rechazadas por la Junta en las negociaciones de este lunes.
Desde la asociación Élite Taxi son pesimistas, se sienten “traicionados y amenazados” -en palabras de Francisco Alonso, vicepresidente de la asociación-, porque la respuesta que han recibido es no ceder ni un milímetro y si no están de acuerdo, se optaría por el modelo de Madrid, con mucha más libertad para el sector de los VTC. Los taxistas están “quemados” y deconfían de cualquiera de las partes. No se sienten apoyados y ven “entreguismo” a estas plataformas.
Reivindicar “lo legal”
Juan Manuel Navarrete es miembro de la directiva de Élite Taxi en Málaga y explica la situación así: “Estas aplicaciones usan a las VTC en un segmento donde ellos no tiene competencia. El decreto de la Junta quiere legalizar algo que es ilegal. Lo que reivindicamos es, simplemente, que haya una diferenciación entre los taxis y las VTC. La Junta nos quiere quitar todo lo que tenemos”. Asegura que los taxistas “estamos más unidos que nunca”.
“El sector del taxi siempre ha estado al lado del ciudadano. Nosotros estuvimos en la pandemia con transportes gratuitos. No estamos en contra del ciudadano, lo único que queremos es que los poderes públicos regulen sus servicios. Estos vehículos, al no estar sujetos a un control por parte de la administración, suponen un peligro para la ciudadanía porque bajan e inflan precios como les conviene. Mientras tanto, el control de los precios en el taxi está garantizado”.
Muchos de los trabajadores del sector que ha consultado este periódico han decidido no opinar porque han perdido la confianza en los medios de comunicación, por motivos personales o por no generar más polémicas o malentendidos.
Entre acusaciones, huelgas y altercados entre un bando y otro (un taxi incendiado o varios con cortes en las ruedas, agresiones que denuncian conductores de VTC...), la pelota está en el tejado de la administración, que parece convencida de que las plataformas como Uber o Bolt saldrán más beneficiadas, en detrimento de los trabajadores del taxi, que no han recibido concesión a sus plegarias.
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