El argumentario de la referida Moción, votada en contra por la oposición, recuerda en primer lugar que el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que prevé la cobertura de estas atenciones fija un compromiso de financiación distribuido entre las tres administraciones públicas: estatal, autonómica y local, con un 33 por ciento para cada una de ellas, pero, sin embargo, la Moción señala que "este compromiso económico se incumple por parte de los niveles autonómico y estatal", hasta el punto de que actualmente son los ayuntamientos los que afrontan el gasto de la mayor parte del coste de esta atención, como ha ratificado el Defensor del Pueblo Andaluz, quien ha cifrado dicha carga económica real en un 57 por ciento para los ayuntamientos, un 17 por ciento para la Administración Central y un 26 por ciento en el caso del Gobierno autonómico.
Además, la Moción aclara que, en el caso concreto de Torremolinos, este desequilibrio en la distribución del gasto alcanza "niveles inadmisibles", de manera que, en relación a 2008, recae en el Ayuntamiento el 89,25 por ciento del gasto; el 1,40 en la Administración Central y un 9,35 por ciento en la Comunidad Autónoma.
Presión a los municipios
Para el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos, el referido desfase evidencia que el sistema, en la práctica, "está asfixiando a las corporaciones locales, resultando además del todo insuficiente pues recae el mayor peso sobre la Administración con menos recursos económicos de las tres implicadas, y evidencia la necesidad de un nuevo marco legal que regule de una manera más precisa y equitativa los Servicios Sociales en Andalucía, demandando también que "se tenga en cuenta un sistema de financiación fijo y suficiente para la ejecución de los Servicios de Atención Primaria o Comunitarios, al igual que para los Servicios Sociales de Atención Especializada para que no tengan que depender del sistema de subvención anual, como ocurre en la actualidad, que no garantiza ni la continuidad del servicio ni la financiación del cien por ciento, ni la estabilidad profesional de los técnicos que prestan los programas".
Cumplimiento de pago
Por lo anterior, el Ayuntamiento de Torremolinos insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central, a través de esta Moción, a que "cumplan el pago del porcentaje conveniado en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Comunitarios, es decir las Políticas Sociales Primarias"; "que la Junta garantice la financiación del cien por ciento de todas las Políticas de carácter especial…"; que "ponga fin al decrecimiento constatable de los recursos que viene aportando desde inicios de la década a estas Políticas de carácter especial…."; que "tenga en cuenta el criterio poblacional como principio básico de la asignación de los recursos económicos dirigidos a las Políticas de carácter especial, en lugar de los criterios arbitrarios que utiliza actualmente" y, por fin, insta también a la Junta de Andalucía a "modificar el marco legal que regula los Servicios Sociales en Andalucía, teniendo en cuenta un sistema de financiación fijo y suficiente, que no dependa del sistema de subvención anual que se preste a la discrecionalidad, como ocurre actualmente".
La discrepancia respecto a los datos que avalarían la Moción del Equipo de Gobierno fueron el principal argumento de la oposición para no apoyar esta iniciativa, que centró buena parte del desarrollo de una sesión plenaria en la que también se aprobó (con la única abstención de IU) una Moción del alcalde para bautizar una calle con el nombre de "Doctor Juan Hidalgo García", y, por unanimidad, la adhesión del municipio al Programa de Rehabilitación Autonómica de 2009.
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