Para Izquierda Unida no son las familias trabajadoras quienes contribuyen menos que sus homólogas europeas, sino más bien las personas de más elevada renta y patrimonio quienes cada vez eluden sus obligaciones.
En los últimos veinte años en España la recaudación tributaria ha sido claramente inferior al promedio de la Eurozona. En concreto, hay 6,1 puntos porcentuales de diferencia promedio en presión fiscal desde 2001 a 2020, y esto tiene graves consecuencias.
"Es evidente que se recauda en nuestro país muy por debajo de lo que se debería y esta situación es crónica. No es difícil imaginar cómo podrían funcionar la sanidad y educación públicas o la atención a nuestros mayores con los recursos adicionales que se deberían haber recaudado", explica Gonzalo Alías, Coordinador y candidato por IU-La Isla.
La ciudadanía es consciente de lo que ocurre. Según el CIS, un 81,4 por ciento considera que los impuestos no se cobran con justicia porque no pagan más quienes más tienen. De hecho, un 65,2 por ciento cree que los impuestos se deberían recaudar a través de gravámenes directos como el IRPF que varían según la renta o la riqueza de las personas y empresas, "en vez de a través de impuestos indirectos como el IVA que afectan a todo el mundo por igual porque gravan bienes de consumo y servicios", dice Alías.
Izquierda Unida considera que hay una mayoría de la población que coincide en la necesidad de dar respuesta a los tres problemas principales de actual sistema fiscal, es decir, la suficiencia de ingresos, la falta de equidad y la elusión y fraude que se concentra en los que perciben elevadas rentas y poseen cuantioso patrimonio.
"Y sin embargo, ante esta realidad social, estamos asistiendo en la actualidad a una verdadera rebelión de los más ricos, asistidos por las formaciones políticas de la derecha y la ultraderecha, para ahondar más en esta injusticia fiscal con medidas regresivas recientemente anunciadas en relación con el impuesto sobre el patrimonio", afirma Gonzalo Alías.
Se trata de un tributo estrictamente individual que recae sobre las personas físicas y es complementario del IRPF. Aunque se trata de un tributo estatal, establecido y regulado por el Estado, su rendimiento total se cede a las comunidades autónomas, y la derecha andaluza usa esta cesión para despojar de capacidad recaudatoria a un tributo que solo afecta a un 0,5 por ciento de los habitantes del país que acumulan una riqueza de 769.000 millones de euros y por la que pagan únicamente el 0,15 por ciento del mismo.
"En vez de solucionar esta vergonzosa situación, más comunidades autónomas han anunciado bonificaciones y reducciones que beneficiarán a quienes más tienen, al tiempo que comprometerán la prestación de servicios públicos de la mayoría social. Y esto también terminará afectando a la calidad de los servicios municipales de La Isla", advierte el Coordinador de IU-La Isla.
Por tanto, IU-La Isla pide al Ayuntamiento que encare esta situación y traslade al gobierno central y andaluz la urgencia de establecer una reforma integral del sistema tributario que aborde la apremiante falta de suficiencia y la deficiente equidad (muy superior al de los países del entorno).
"Especialmente es imprescindible impedir que quienes más renta y patrimonio acumulan, eludan su responsabilidad para con la financiación de los servicios públicos", sentencia Alías.
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