La lucha antidroga de la Guardia Civil está salpicada de siglas y acrónimos que crean una especie de laberinto a la hora de explicarles lo que, a continuación, intento. OCON, CRAIN, EDOA, GRA, GRS, UPJZ, UEI son, hasta ahora, algunos de ellos para atajar los ilícitos en Andalucía. Y digo hasta ahora porque, desde este mismo mes, algo cambia en la estructura del instituto armado.
Primero, algo de contexto: en 2018, los narcos campaban a sus anchas en La Línea. La gota que colmó el vaso fue el asalto al Hospital por parte de una veintena de individuos para rescatar a un narco que era atendido por los sanitarios y custodiado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Aquello provocó que el Ministerio del Interior pusiera en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, prorrogado hasta 2023. En paralelo, la Guardia Civil diseñó el Plan Carteia, creando un grupo de élite, integrado por 150 agentes, que se denominó OCON-Sur.
Como no se pueden poner puertas al campo, se descubrió que los narcos evitaban la presión policial introduciendo la droga por las provincias más cercanas a la comarca campogibraltareña, es decir, por el resto de la gaditana -sobre todo la desembocadura del Guadalquivir-, Huelva y Málaga. Acción-reacción. El instituto armado amplió ese dispositivo extraordinario a prácticamente toda la costa andaluza. Aquello fue miel sobre hojuelas. Se acabó la impunidad de los narcos: miles de detenciones, aprehensión de toneladas de droga, además de golpes a la logística y al blanqueo de dinero durante los últimos cuatro años.
Ahora, en septiembre, esa estructura cambia. Los 150 agentes de élite dejan de estar liberados y vuelven a sus destinos en las comandancias, aunque manteniendo la función de lucha contra la droga. Este cambio ¿restará operatividad a la lucha contra la droga en Andalucía? Es probable que sí, al menos en la fase inicial de esta nueva estructura. ¿Supondrá un ahorro económico para las cuentas del instituto armado? Sin duda, porque cada uno de esos agentes recibía, en concepto de dietas por su liberación, unos 1.800 euros mensuales añadidos a su habituales emolumentos. Esta medida atenta contra el principio de todo lo que funciona es mejor no tocarlo, pero creo que si en Andalucía hay alguien interesada en la eficacia en la lucha contra los ilícitos esa es la Guardia Civil.
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